Este miércoles, representantes de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional Tucumán, indicaron que la cesárea practicada a la niña de 11 años, embrazada tras ser violada por la pareja de su abuela materna, configuraba "un caso de tortura por parte del Estado" provincial.
"Decidimos organizar una conferencia para que la prensa pueda conocer sobre la tortura y la violencia que sufrió la niña por parte de las instituciones del Estado provincial para poder acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE)", sostuvo Fernanda Fernández, referente de dicha agrupación.
Asimismo, denunció que "el sistema sanitario en persona de la ministra de Salud, Rossana Chahla, del secretario del Sistema Provincial de Salud (Siporsa), Gustavo Vigliocco, y del propio gobernador, Juan Manzur, interpusieron obstáculos para que la niña no pueda acceder a su derecho".
Por su parte, Florencia Vallino, de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompañó a la niña y a su familia, calificó al caso como una "tortura por parte del Estado": "La obligaron a continuar con su gestación cuando ella expresó con toda claridad que no era su deseo", indicó Vallino, quien además señaló que el Siprosa actuó en el caso con "muchas irregularidades".
En tanto, Luciana Gramaglio de Cladem, reclamó la responsabilidad por parte del Estado y pidió que se garantice la no repetición de casos como este. Otras agrupaciones, como Mujeres x Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Tucumán denunciaron penalmente a la ministra de Salud, Rossana Chahla y al secretario del Siprosa, Gustavo Vigliocco "por incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La denuncia alcanzó, también, a la médica tratante de la niña y jefa del Servicio de Ginecología del hospital del Este, Tatiana Obeid Pedemonte, y a la directora del establecimiento, Elizabeth Ávila.
Las conductas "se traducen en reiterados incumplimientos de deberes de funcionario público, en tanto estuvieron dirigidas a retardar, omitir o dejar de hacer actos inherentes al oficio médico y tienen como protagonistas a efectores de la salud que, al mismo tiempo, desplegaron un comportamiento acorde con la acción de abstenerse de ejecutar leyes cuyo cumplimiento les compete de distintas formas", manifiesta el documento.
De igual modo, la organización Patria Grande también denunció a los mismos funcionarios y agentes sanitarios y sumaron a la lista al gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
