La megamuestra del campo Expoagro, que se desarrolla en San Nicolás, fue el marco elegido por la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires, para solicitarle al gobierno de María Eugenia Vidal medidas de excepción ante el quebranto que dejó la sequía en el ámbito agropecuario.
"Es urgente convocar a la Cedaba, para posteriormente llevar los Decretos a la Nación, a la que hay que solicitarle medidas de excepción, ya que los exiguos beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria no alcanzan a cubrir las cuantiosas pérdidas sufridas", señalaron desde la mesa compuesta por CRA, Carbap, Coninagro, Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina.
El planteo del bloque que integra a las entidades ruralistas bonaerenses incluyó el pedido para que dé marcha atrás en el aumento de entre el 50% y el 60% del Impuesto Inmobiliario Rural para 2018.
El pronunciamientofue dado a conocer casi en simultáneo con el anuncio del gobierno de Vidal sobre la convocatoria a una reunión a fin de mes de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario.
Distintas estimaciones privadas han calculado que por la falta de lluvias en los últimos meses la cosecha argentina se reducirá en unas 20 millones de toneladas de soja y maíz, y que dicha pérdida no será compensada por la suba de los precios.
En general, las estimaciones más conservadoras indican que unos US$ 2.800 dejarán de ingresar este año a los bolsillos de los productores.
La Mesa de Enlace bonaerense, en este contexto, advirtió que "de continuar las condiciones actuales la cosecha gruesa provincial bajaría de 40 millones a 30 millones de toneladas, perdiéndose nada menos que 10 millones".
Añadió que "la seca también afecta gravemente las producciones de la ganadería vacuna y de la lechería".
En ese sentido, Alfredo Rodes, secretario de Carbap, explicó a Télam que muchos productores afectados no llegarán a obtener ingresos necesarios para afrontar este año sus costos productivos, y mucho menos impuestos como el Inmobiliario Rural y las tasas viales municipales.
"La gravedad del aumento de más del 50% del Impuesto Inmobiliario Rural para el año en curso, que hace insoportable la carga fiscal en momentos normales e imposibles de pagar en estas condiciones climáticas", señala al respecto el comunicado conjunto de las organizaciones gremiales del campo.
Ese aumento no es lo único que los ruralistas piden que revise el gobierno de Vidal. "ARBA efectuó el año pasado un revalúo de oficio a miles de partidas, incrementando en números inverosímiles el impuesto en dichas partidas", se explicó.
El sector además pretende discutir por qué se redujeron los beneficios que premiaban a los buenos contribuyentes.
"Insistimos que la baja de Ingresos Brutos no es equivalente al aumento de Inmobiliario, que es un costo fijo y directo en los gastos de estructura", indicó el comunicado de las entidades ruralistas divulgado hoy en Expoagro.
Sin embargo, desde la mesa reconocieron la gestión de la gobernadora provincia, María Eugenia Vidal, y destacaron la obras del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, la ayuda prestada a los productores por el Banco provincial y la "lucha contra la pobreza".
