Las empresas de medicina prepaga habían decidido ir a la Justicia si avanzaba la iniciativa para cobrarles un 15% sobre el total de lo recaudado por los trabajadores que pagan por la cobertura. Ante la presión ejercida por las compañías, el Gobierno retrocedió y no incluyó el artículo en el dictamen.
Cuando este viernes se difundió la versión final del dictamen, la iniciativa no estaba incluida. Según trascendió, hubo un pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, para eliminar el artículo que, habría argumentado, hubiera presionado sobre la inflación.
No bien se había incluido el proyecto en el borrador, las empresas de medicina prepaga se pusieron en pie de guerra, planeando un frente en la Justicia mediante vías cautelares o recursos de amparo. Para estas compañías, se trataba de “un traspaso de recursos del sistema privado al público (de las prepagas a las obras sociales)”.
Esta medida, incluso, había generado enfrentamientos en la propia Cámara de Diputados, donde el oficialismo requiere de consensos con la oposición para que el proyecto de Presupuesto 2023 sea aprobado sin grandes problemas el próximo martes en el recinto.
Según datos de la industria, el sistema de salud comprende alrededor de 33 millones de personas, de las cuales 6 millones pagan por el servicio. De este último número se desprenden 4,5 millones de trabajadores formales que derivan sus aportes, mientras que 1,5 millones restantes abona la cuota completa.
El borrador del proyecto establecía que las prepagas deberían pagar 15% sobre el adicional afrontado por los 4,5 millones de trabajadores que derivan sus aportes. El destino de lo recaudado iba a ser el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), a cargo de los reintegros a las obras sociales por tratamientos de alto costo y complejidad.
