El exintendente del municipio salteño de Aguaray, Jorge Enrique Prado, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de acusados en la causa que lo investiga en el multimillonario robo de caños de Gasoducto NEA. Junto a él hay otros nueve hombres imputados.
En una tensa audiencia de más de 11 horas realizada días atrás, la acusación que formuló el fiscal general Eduardo José Villalba contra los acusados que tiene la causa por el saqueo del Gasoducto del NEA quedó reafirmada ante el juez de Revisión, Alejandro Augusto Castellanos. Ahora el fuero federal de Salta deberá fijar la fecha del juicio.
En la investigación, Prado está imputado por el delito de autor -fraude a la administración pública y robo agravado. Podría recibir una pena de hasta 14 años de prisión sumada a la inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos. Por su parte, Marcelo Céspedes, exsecretario de Hacienda de Aguaray y miembro de la supuesta empresa delictiva, fue imputado con los mismos cargos, pero en su caso la pena sería de hasta 8 años.
Las actuaciones se iniciaron en febrero de 2020 tras un primer procedimiento en el que gendarmes detuvieron dos camiones con caños del Gasoducto del NEA, en Aguaray. El 18 de mayo se formalizó la acusación contra Prado, Céspedes y el titular de la empresa mendocina Osip SA, Diego Alos, quien aparece como uno de los principales mentores del millonario robo. Para él, la máxima sería de 12 años.
Recordamos que en la obra del Gasoducto NEA se invirtieron para llevar gas a 4 millones de personas que dependen de garrafas en Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Por el robo, Jorge Enrique Prados, quien no había llegado a cumplir un año como intendente de Aguaray, fue destituido de su cargo.
