En la causa que investiga el millonario robo de caños del Gasoducto NEA, el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, dispuso que el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, continúe detenido hasta el 18 de diciembre.
Durante la audiencia que lleva adelante el caso del Gasoducto, que se realizó vía remota, el fiscal Eduardo Villalba impuso los argumentos respecto al riesgo procesal que representa, en esta etapa de la investigación, que Prado se encuentre en libertad. Por su parte, el abogado de Prado, Fernando Teseyra, había solicitado que se le otorgue la libertad o el arresto domiciliario a su defendido.
Por su parte, Prado, quién está preso en la cárcel federal de Güemes, prestó declaración y aseguró que no será un impedimento para la Justicia, además aseguró que “no voy a volver a ser político”.
Al momento de fundamentar los planteos, la fiscalía presentó los dichos de testigos que reconocieron haber recibido llamados de Prado para que no se presenten a declarar ante el Concejo Deliberante, cuando se debatía su continuidad en el cargo. “La jueza fue muy clara al advertir que, en el caso de que se disponga una prisión domiciliaria para Prado, el riesgo de que pueda entorpecer el proceso a través de medios tecnológicos se hallaba latente”, recordó Villalba.