Las 346 familias que durante ocho meses vivieron como asentadas en la ampliación del barrio Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad, finalmente dejaron el predio de manera voluntaria tras llegar a una acuerdo con el Gobierno provincial. El descampado quedó cubierto de escombros, también palos con plásticos que en la mayoría de los casos cumplían la función de precarias viviendas.
Los asentados se instalaron predio el 20 de mayo de 2020, en plena pandemia, exigiendo una respuesta del gobernador Gustavo Sáenz a su situación habitacional. Allí se quedaron durante ocho meses y en conflicto permanente. Los vecinos de la zona reclamaron que desde que los ocupas vivían allí había más robos, incluso denunciaron que en un intento por colgarse de sus servicios dejaron sin agua durante horas a las casas de la zona.
También hubo enfrentamientos con la Policía, peleas internar e incluso uno de los líderes del asentamiento fue detenido. A esto se sumaron las lluvias de las últimas semanas que estuvieron entre los principales desencadenantes de que se haya liberado el terreno de Parque La Vega, entre otros conflictos.
Funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado y mediadores de la Secretaría de Justicia negociaron durante casi un mes con los delegados de los asentados para llegar al acuerdo que permitió ponerle fin a la ocupación. Finalmente se firmaron convenios individuales, que algunas familias no firmaron porque no estaban en el predio.
El compromiso del Gobierno es responder a cada caso particular de las familias que ocuparon el predio de manera ilegal. Por ejemplo, a quienes antes de ir a la ocupación vivían en casas de parientes se les facilitarán materiales para una ampliación, a otros se le brindará ayuda alimentaria o asesoramiento jurídico para situaciones puntuales. Por otro lado, se arregló que no tendrán el antecedente de usurpación y podrán participar en los eventuales sorteos de lotes fiscales o viviendas sociales.
