Minutos antes de que la Policía ingresara a su casa para llevarlo a prisión, el exjuez federal José Antonio Solá Torino se quitó la vida dentro de su habitación. En el 2016 había sido condenado a seis años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado luego de que recibiera dinero de un narcotraficante a cambio de levantarle un pedido de captura. El viernes pasado, el Ministerio Público Fiscal de la Nación había ordenado su detención inmediata.
Tras la muerte del exmagistrado, desde el ámbito federal pidieron la función de la Justicia ordinaria e intervino la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien aseguró a El Tribuno que solicitará “una declaración de incompetencia al juez de Garantías” por entender que hay varios interrogantes a investigar por la Justicia Federal.
La fiscal Odorisio, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sostuvo que cuando recibió el llamado para que se hiciera cargo del hecho se contactó con la Policía de la provincia y preguntó si estaba el fiscal interviniente que ordenó el procedimiento. “Me dijeron que no, directamente el juez o la secretaria ordenaron la intervención de la Fiscalía Provincial. Ante la falta de autoridades judiciales presentes me constituyo en el lugar previo a convocar al director de Investigaciones del CIF, doctor Dávila, y personal de Homicidios”, sostuvo la investigadora provincial a El Tribuno.
