La Corte de Justicia de Salta deberá decidir si los presos pueden utilizar celulares y hacer videollamadas para comunicarse con sus familiares en el contexto de la pandemia de COVID-19. En octubre del año pasado, el Gobierno de la provincia apeló un habeas corpus interpuesto el juez de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, que autorizaba a las personas privadas de la libertad a utilizar en forma limitada y supervisada teléfonos celulares durante ocho horas semanales en el contexto de emergencia sanitaria.
Ante la negativa del Estado provincial, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) dirigió una nota al juez Barrionuevo con las recomendaciones para que se adopten medidas compensatorias para asegurar las comunicaciones de las personas privadas de la libertad durante la pandemia. La misiva deberá enviarse a la Corte salteña.
Por la pandemia del COVID-19 hubo restricciones en las visitas a los penales de todo el país, incluso muchos presos no pudieron ver a sus seres queridos durante meses. La idea de esta iniciativa es utilizar las herramientas de la tecnología para que ellos puedan mantener contacto con los que están del otro lado de las rejas.
“Nuestra recomendación es que ese hábeas que se presentó quede firme y haya un protocolo para que los celulares estén habilitados en Salta”, manifestó la representante de CNPT, Josefina Ignacio a El Tribuno. Ignacio también consideró que “no hay ningún argumento sólido” en la apelación que hizo la Provincia. “En las otras provincias no ha habido ningún problema”, manifestó y destacó que en otras jurisdicciones muchos presos pudieron rendir sus exámenes universitarios, a través de videollamadas y de Zoom.
