“Me parece una cosa aberrante que pasa más seguido de lo que sale en los medios”. Con estas palabras, abogado y dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, calificó al escándalo de la concejal y defensora oficial de Tartagal denunciadas por el desvío y venta de donaciones que habían llegado a Salta para que las distribuyeran entre las comunidades wichís. “Estas dos personas deben ser juzgadas y castigadas con todo el rigor de la ley”, sentenció.
El militante social, quien estuvo de visita por Salta, también celebró que las comunidades originarias destinatarias de las donaciones se hayan movilizado para exigir a entrega de la mercadería, y apuntó contra el Estado. “La verdadera responsabilidad está en la centralidad del Estado, que no diseña correctamente la política y no le da a la gente acceso a conocer sus derechos. Si estas personas pudieron quedarse con la mercadería y pañales es porque nadie sabía que habían llegado”, opinó en un diálogo con El Tribuno.
La maniobra de la concejal, Paola Díaz, y la defensora oficial, Rosa Díaz, salió la luz gracias a la denuncia de su hermana mayor, Sandra Díaz. La mujer contó que ellas desviaban la mercadería que diferentes donaciones habían enviado para los pueblos originarios, y las vendían a comercios de la zona. El domingo pasado, la Policía allanó la casa de una de ellas y encontró un importante cargamento de ropa y comida. Al día siguiente Paola Díaz se entregó a la Justicia y quedo detenida. Ambas están imputadas por supuesta administración fraudulenta. Al enterarse de la situación, un grupos de wichí viajó desde Santa Victoria a Tartagal para reclamar la entrega de los bolsones que les corresponden.
