Imputaron por defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, a siete concejales salteños y a tres empleados del PAMI por el cobro ilegal del IFE, un subsidio económico que el Gobierno nacional otorga a las personas afectadas por la pandemia del coronavirus.
Los ediles imputados con Antonio Omar Benítez, de Colonia Santa Rosa; Héctor Sebastián Cari, de Guachipas; Daniel Ignacio Casimiro, de La Poma; Mónica Visitación Juárez, de Rivadavia Banda Sur; José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo; Ariel Santos Palma, de Rivadavia Banda Norte y Julio Pedro Laxi, de Animaná.
En la audiencia, el fiscal Ricardo Toranzos resaltó la importancia del beneficio destinado a paliar la situación de ciudadanos sin trabajo formal. Asimismo, indicó que la AFIP también aportó datos claves, que permitieron imputar a los concejales. También solicitó el compromiso de los acusados de no entorpecer la investigación, la presentación cada 15 días en la dependencia policial más cercana y la prohibición de salir del país.
En agosto pasado, Toranzos imputó a un primer grupo de 18 funcionarios en el caso del escándalo por el cobro irregular del IFE. Por su parte, el titular del ANSES en Salta, Marcos Vera, continúa bajo investigación en la causa IFE, porque se comprobó que hizo el trámite para cobrar el subsidio nacional, pero en este caso el sistema del organismo del que él mismo es autoridad lo rechazó por incompatibilidad. Aún así, su conducta podría tipificar un delito penal y es lo que se está tratando de determinar en el proceso.
