Un grupo de aborígenes de diferentes comunidades del interior salteño llegaron este lunes al municipio de Tartagal desde Santa Victoria para que exigir que les entreguen las donaciones que las funcionarias, Paola y Rosa Díaz, escondían desde hace meses en una vivienda de Villa Saavedra y que vendían a los comercios de la zona.
El hecho se conoció a través de una denuncia de la hermana mayor de las acusadas, quienes fueron imputadas por el delito de administración fraudulenta por el juez de garantías Nelson Aramayo. Una de ellas, la concejal Paola Díaz, se entregó este lunes a la Justicia luego de que el domingo la Policía allanara su vivienda y encontrara la mercadería denunciada.
El fiscal Medina encabezó la audiencia por la presentación de la concejal cuya detención sería inminente, aunque el magistrado podría hacer lugar al pedido de eximición de detención pedido por la defensa de la edil, razón por la cual se hizo la presentación espontánea de la ahora imputada.
“Nos enteramos por los medios de comunicación y decidimos venir desde Santa Victoria a Tartagal. Nosotros queremos que se nos entregue la ayuda que mandaron tantas fundaciones que supieron de la crisis que vivimos en el chaco y que la justicia actúe. Estas mujeres dijeron que ellas habían repartido mucha mercadería en las comunidades pero eso es mentira; a nosotros jamás nos llevaron nada”, comentó el cacique Abel Mendoza a El Tribuno.
El domingo pasado de la casa de Díaz se retiró gran cantidad de mercadería, prendas de vestir, calzados, fardos y bidones de agua mineral entre otros elementos que ambas mujeres acopiaban y que habían sido enviados a Tartagal en marzo del año pasado para ser distribuidos entre las comunidades originarias en el marco de la crisis socio sanitaria.
