Por segunda vez rechazaron la detención de Rosa Díaz, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, que está acusada, junto a su hermana, la concejal Paola Díaz, de esconder donaciones destinadas a la comunidad wichí de Tartagal. Ambas fueron imputadas por el delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos.
El escándalo desató en febrero de este año cuando Sandra Díaz denunció que sus hermanas, Paola y Rosa almacenaban en una vivienda particular la mercadería que diferentes fundaciones habían enviado como donaciones para las comunidades originarias. Un allanamiento comprobó los dichos de la mujer, y la Policía se llevó la mercadería del lugar. Las hermanas quedaron detenidas pero horas más tarde recuperaron la libertad.
El juez de Garantías Nº 1 de Tartagal, Nelsón Aramayo rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, de la imputada Rosa Fabiola Díaz. El 11 de febrero pasado, el magistrado estuvo de acuerdo con la detención, pero ante el fallo del viernes del Tribunal de Impugnación, este martes decidió rechazarla.
Por su parte, el fical Cabot pidió al juez Aramayo que considere el peligro de fuga, porque la conducta que ejerce un servidor público, en este caso la defensora Díaz, puede implicar hacer valer las relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo desempeñado, con el propósito de obtener favores personales por parte de otro, como ser el conseguir donaciones a través de distintas fundaciones para un beneficio propio.
Tras el allanamiento, se confirmó que Rosa Díaz intentó sacar documentación de su oficina cuando ya estaba imputada. Un empleado de la Defensoría en cuestión contó que el 26 de febrero pasado, Rosa Díaz le pidió que retire documentación de la oficina, que la ponga en un paquete vacío de papel resma y que fuera del horario laboral, se comunicara con ella para entregar el paquete.