El Ministerio Público de la Acusación (MPA) amplió este jueves la lista de sospechosos por lavado de activos en la causa que tuvo a Andrés Bracamonte como protagonista. La pareja de “Pillín” fue imputada como coautora y partícipe primaria en dos maniobras diferentes realizadas durante los últimos años.
El jefe de la barra brava de Rosario Central fue asesinado hace poco más de un mes, pero la investigación continúa porque involucra a otras personas. La mujer de 34 años quedó en la mira por la compra y el mantenimiento de la casa del barrio privado de Ibarlucea donde ambos vivían, pero también por sus actividades comerciales.
¿Quién es la última pareja de Andrés “Pillín” Bracamonte?
Agustina Soledad Diale es socia de ATE Servicios Integrales SRL. Hasta junio de 2021, la empresa se denominaba Vanefra y contaba entre sus integrantes a Fernando Andrés Rigiracciolo a la par de Bracamonte.
El fiscal Miguel Moreno denunció que la última pareja de Pillín era la intermediaria entre el líder canalla y el propietario de su vivienda del Club de Campo Los Álamos. El funcionario cree que este último era un testaferro y ambos evitaban comunicaciones telefónicas para esconder el vínculo.
De acuerdo a la teoría del MPA, Diale ayudó a Bracamonte a lavar activos ilegales mediante la compra del inmueble. Eduardo L. no estaba allí, pero hablaba permanentemente con la imputada para resolver el pago de impuestos y servicios, así como las refacciones de la casa.
En cuanto a las empresas de Pillín, Moreno enumeró seis vehículos asociados a los negocios de ATE Servicios Integrales. Entre ellos se destacan un BMW M2 que cuesta entre 80 y 100.000 dólares y dos camionetas Volkswagen Amarok 2.0.
La pareja del jefe de la barra brava canalla también administraba un furgón Hyundai H100 diesel 2.5, una Renault Kangoo Express y una Renault Rodeo. A esta lista se suma una moto de agua Sea-Doo GTR 230.
Luego de la audiencia, la jueza Melania Carrara dispuso una serie de restricciones por un año como parte del proceso penal. Durante ese plazo, Diale tiene prohibido salir del país y debe presentarse cada 15 días ante las autoridades.