Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe por Somos Vida, ratificó su postura en redes sociales al sostener que Alejandra “Locomotora” Oliveras fue parte de un delito, en referencia a su participación en una lista con irregularidades para integrar la Convención Constituyente de Santa Fe.
El pedido de impugnación presentado por Granata ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento argumenta que Oliveras carecía de residencia legal en la provincia, ya que pasó a vivir entre Jujuy, Córdoba y Buenos Aires, lo que vulneraría el requisito de dos años de residencia.
La discusión se desarrolló en paralelo al parte médico crítico de la exboxeadora, hospitalizada desde el 14 de julio tras sufrir un ACV isquémico. Si bien su estado clínico se informó como estable, continúa en coma farmacológico con monitoreo neurológico y respiratorio constante.
Por su parte, los hijos de Oliveras presentaron un escrito formal exigiendo que Granata retire la impugnación como gesto de “respeto, humildad y sensibilidad”, debido al delicado estado de salud de su madre. De hecho, el pedido se produjo el mismo día en que la comisión recomendó rechazar el intento de impugnación.
En respuesta, la rosarina publicó en X un extenso descargo en el que reiteró que su postura “no es personal”, sino que apunta a un presunto “sistema corrupto lleno de privilegios”, que habría permitido una candidatura reconocida como “lista trucha”.
“No solo fue hecha contra ella, sino contra todo el sistema corrupto… A ella la utilizaron y fue parte de un delito”, afirmó Granata, al tiempo que agregó: “Nunca debió haber competido. No tenía ni domicilio legal en Santa Fe”.
A su vez, sostuvo: “Lamento su estado de salud y pido por su pronta recuperación… Nadie está por encima de la ley”, antes de concluir con un mensaje más institucional: “Voy a seguir diciendo la verdad, le pese a quien le pese. Moriré con las botas puestas”.
Por su parte, convencionales aliados de Oliveras y de los bloques Unidos y La Libertad Avanza salieron a respaldar a la exboxeadora y rechazaron la impugnación señalando que su residencia en Santo Tomé estaba ampliamente probada, con documentación oficial remitida al tribunal electoral.
El rechazo de la comisión llevó la impugnación al pleno de la Convención, donde se espera que se ratifique el dictamen en los próximos días. La familia de Oliveras también solicitó que su banca no sea ocupada por un reemplazo mientras se evalúa su posible recuperación.
