La Cámara de Apelaciones de Rosario declaró este lunes la inconstitucionalidad de los fueros que impedían imputar al senador departamental Armando Traferri. De esta manera, la Fiscalía quedó formalmente habilitada para acusarlo como organizador de juego clandestino en el sur de Santa Fe.
//Mirá también: Armando Traferri pidió apartar a fiscales que lo investigan por juego ilegal
El juez José Luis Mascali resolvió mantener la “inmunidad de arresto” para el legislador provincial como parte del proceso penal que comenzó hace casi un año. En caso de que los investigadores quieran detenerlo o allanar sus propiedades, deberán volver a recurrir a la Cámara alta.
En el fallo de segunda instancia, el camarista consideró inconstitucional la aplicación del segundo párrafo del artículo 51 de la Constitución de Santa Fe. El mismo reza que ningún integrante del Senado puede ser sometido a proceso sin que lo autoricen sus pares con dos tercios de los votos de los presentes.
//Mirá también: El abogado de Traferri acusó a los fiscales de ser “operadores políticos”
Mascali también objetó la interpretación de la primera parte del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia. En este sentido, postuló que el mismo establece una inmunidad superior a la de legisladores nacionales, de acuerdo a la Carta Magna argentina.
La resolución de segunda instancia dejó sin efecto lo que había resuelto inicialmente la jueza rosarina Eleonora Verón. La magistrada había rechazado el pedido de declaración de inconstitucionalidad del MPA para citar a Traferri.
Se reactiva la causa sobre juego clandestino
El senador del departamento San Lorenzo había sido señalado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como uno de los organizadores de una red de juego clandestino. Sin embargo, no pudieron citarlo a audiencia imputativa porque la Cámara alta votó en contra del desafuero del “Pipi”.
Traferri quedó en la mira de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de la causa que derivó en la renuncia del fiscal regional Patricio Serjal y la destitución del fiscal Gustavo Ponce Asahad. Ambos funcionarios judiciales fueron incriminados por el empresario Leonardo Peiti, apuntado por los investigadores como el principal actor en el negocio de las apuestas ilegales en territorio santafesino.
