El fiscal general Adolfo Villatte a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario pidió un centenar de indagatorias por crímenes cometidos contra obreros huelguistas en Villa Constitución entre enero de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y después de su derrocamiento, hasta septiembre de 1976, ya en plena dictadura.
Entre los 102 imputados a los que se les solicitó el testimonio se encuentran ex funcionarios gubernamentales, integrantes de grupos paramilitares, empresarios, ex policías federales y provinciales, ex prefectos y militares retirados.
La presentación de Villatte ante el Juzgado Federal de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, detalló los casos de 77 víctimas -sobre un total de viarios cientos- que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y en algunos casos asesinadas, además de despojadas de bienes.
Se trata de los casos de dirigentes y otros trabajadores metalúrgicos que habían logrado importantes reivindicaciones laborales en diversas fábricas, entre ellas Acindar, empresa que presidió José Alfredo Martínez de Hoz antes de convertirse en ministro de Economía de la última dictadura.
Villatte sostuvo que todos esos delitos represivos fueron cometidos en el marco de una asociación ilícita y los calificó como crímenes de lesa humanidad y de genocidio.
