Desde hace tiempo los locales nocturnos se encuentran en la mira de la Municipalidad, que busca imponer más controles y límites a los boliches y bares conflictivos. La intendente Fein tiene a la firma un decreto que prohibirá por tres años nuevas habilitaciones a aquellos lugares que se les caducó el permiso de funcionamiento por faltas graves, independientemente de la persona o razón social que tramite la apertura comercial.
De esta manera, el municipio pretende evitar que locales sancionados gravemente vuelvan a abrir poco tiempo después a través de testaferros u otras personas, sorteando los castigos aplicados.
El conflicto tiene larga data y desde la Intendencia reconocieron en varias oportunidades que tenían dificultades legales para impedir que un local vuelva a funcionar bajo el mismo rubro en un lugar donde se había ordenado el cierre definitivo.
La ordenanza 7.218 que regula el funcionamiento de los espectáculos públicos y la movida nocturna de la ciudad fue sancionada en el 2000 y sólo contempló dentro de las sanciones graves la caducidad de la habilitación. Pero no contempló en su momento el cambio de dueño o razón social.
De hecho, los propios jueces de Faltas que decretaron caducidades reconocieron que no tenían facultades para extender la prohibición de funcionamiento más allá de la persona física o jurídica sancionada. Al poco tiempo los locales en cuestión volvían a funcionar.
En ese sentido, desde la Secretaría de Gobierno realizaron un anteproyecto de decreto que busca reformar la ordenanza actual, puntualmente en lo vinculado a la reiteración de faltas. El texto busca "restringir por un lapso de unos tres años las nuevas habilitaciones de rubros relacionados a la ordenanza que regula los espectáculos públicos", dijeron a La Capital.
La idea es que "en bares, minimarkets y boliches donde haya habido recurrencia de incidentes y caducidad de habilitación no se pueda reabrir el local, con independencia del titular que lo solicite".
"Es una restricción de usos. Entendemos que como municipio tenemos competencia para poder definir lo que se puede abrir en determinados lugares asociado a problemas de inseguridad o infracciones", señalaron.
"Así como no se permiten determinados usos industriales en el tejido urbano, o un local bailable lindero a un centro de salud o escuela, se puede restringir la reapertura de un determinado local en una dirección por la seguridad de los vecinos de un barrio", mencionaron.
