La denuncia penal por irregularidades en el servicio de taxis en la Terminal de Ómnibus volvió al centro de la escena este fin de semana, ya que las concejalas encargadas de la presentación denunciaron un nuevo apriete por parte de un grupo de choferes que reclamaron medidas disciplinarias contra ambas.
La edila María Eugenia Schmuck se refirió en esos términos a la nota que ingresó el viernes pasado al Palacio Vasallo. En cuanto al contenido de la misiva, detalló además de las sanciones solicitadas: "Piden al presidente que se nos interpele por las manifestaciones que hemos realizado". Luego de ser notificada sobre la situación, la dirigente consideró que es un "claro intento" de silenciar su voz sobre el conflicto en el que ya hubo otros episodios similares en los últimos dos meses.
"Esto no es sólo una vulgar intimidación que confirma todo lo que veníamos diciendo, sino que también va contra la función de representación del Concejo Municipal de Rosario", consideró la representante radical.
Por su parte, María Fernanda Gigliani opinó que el pedido es "muy serio y preocupante" porque "las situaciones de aprietes y amenazas siguen sucediendo" a raíz de las pruebas que pusieron a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre el funcionamiento de las paradas de la estación Mariano Moreno.
"Actúan como si fueran dueños de un espacio que es público y quienes debieran garantizar a través de controles el cumplimiento de las normas que rigen el funcionamiento de estas paradas, o son burlados, o son insuficientes o existe connivencia", recordó la concejala del interbloque Nacional y Popular.
