La abuela de Maximiliano Sosa, el chico de tres años que desapareció hace más de un año, continuará detenida, al igual que su novio. Así lo resolvió la Justicia que ratificó la prisión preventiva para Patricia Daniela Sayago (de 39 años) y su pareja Ariel Malagüeño.
La mujer, de 40 años cuyas iniciales son PS, fue detenida el 1 de agosto de 2016. Ése día se realizó la audiencia en la que el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, dictó la medida cautelar para la mujer y para el hombre con el que ella convivía.
"La medida cautelar fue tratada por tercera vez y, nuevamente, se resolvió mantenerla por encontrarse elementos que permiten creer en la posible autoría y responsabilidad de la imputada y porque las evidencias aportadas por la defensa no han variado esta situación", detalló la fiscal Hemilce Fissore, a cargo de la investigación.
“También se mantuvo el criterio acerca de los riesgos procesales que implicaría la libertad de cualquiera de los dos imputados. El menor todavía no fue localizado, por lo cual, la libertad podría contribuir al entorpecimiento de la investigación como también a la fuga de los dos imputados”, afirmó la funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
Presunta trata de personas
Maximiliano Sosa desapareció en Ceres el 21 de diciembre de 2015 cuando tenía tres años.
"Hace dos años que la abuela de Maximiliano Javier Sosa radicó lo que desde esta Fiscalía entendemos como una falsa denuncia sobre su supuesta desaparición, y empezó esta investigación. Actualmente, está en una instancia incierta, ya que la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la espera de que la misma resuelva la competencia. Durante todo 2017 estuvimos dirimiendo si debía continuar investigando la justicia provincial. Luego de que la Cámara de Apelaciones de Rafaela entendiera que existe la probabilidad de que estemos ante un delito de trata de personas, se remitieron 12 cuerpos de expedientes y otros tantos elementos de prueba. Sin embargo, el Tribunal Federal de Rafaela rechazó la competencia federal diciendo que los elementos aportados eran insuficientes y devolvió el legajo“, detalló la funcionaria judicial.
"Entonces, el juez de San Cristóbal a cargo de la Instrucción Penal Preparatoria, remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea ésta quien decida si estamos ante un delito de trata de personas, es decir, un delito federal, o si estamos ante un delito sustracción de persona menor de 10 años y por lo tanto nos corresponde a la justicia ordinaria continuar con el trámite de esta causa. Estamos esperando la palabra de la Corte", agregó en diálogo con Aire de Santa Fe .
