Este viernes se presentó el Programa de reeducación para condenados por delitos viales que busca concientizar sobre el daño ocasionado a la sociedad y a familiares de las víctimas y educar sobre las normas viales.
“El año pasado surgió esta iniciativa que la llevamos adelante con Mónica Gangemi y el Ministerio Público de la Acusación en donde se planteaba la posibilidad de hacer cursos y talleres para personas condenadas por siniestros viales en la provincia”, mencionó el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro.
El programa consta de 12 charlas que se realizarán semanalmente en las cuales "se apunta a la concientización de que la siniestralidad vial es un delito y a buscar el arrepentimiento de los condenados".
"En el sistema judicial se pueden tener jueces y abogados pero muchas veces falta el compromiso, que sí tienen las víctimas, por el hecho desgraciado que han tenido que transitar. A mí no me gusta hablar de la palabra accidente en ciertos casos, porque muchas veces el infractor vial no reconoce el delito que cometió que en muchos situaciones ha llegado a ser un homicidio", dijo el el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.
Asimismo, aclaró que uno de sus objetivos es poder trasladar los conocimientos técnicos a la facultad de Derecho, "para que los futuros jueces y abogados tengan un mejor conocimiento legal de la siniestralidad vial".
A su turno, el fiscal general Jorge Baclini mencionó: "Este programa también tiene muchísima importancia dentro del esquema de una política más global, que es la que auspiciamos, que comprende aristas del estado provincial, en lo que hace a la prevención, y del ámbito del MPA con todo lo que hace a la forma de intervención que deben tener cuando se comete un hecho".
Y agregó: “Trabajar en el diseño de programas para todos los infractores y todos los condenados en materia de siniestros viales es muy importante para concientizar en que se cometió un delito y en la gravedad del delito”.
La dinámica de las jornadas consistirá en una primera exposición teórica a cargo de especialistas del área vial y luego, una instancia de grupo operativo con los mismos participantes. El dictado de este tiene un costo anual de $1.800.000 a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y de su elaboración y supervisión se encargarán psicólogos sociales y ONG.
