El juez federal Carlos Vera Barros procesó este jueves a diez de los primeros once detenidos en el marco de la causa por facturas truchas que derivó en una serie de allanamientos realizados en julio en Rosario y en localidades de la región. Todos ellos deberán afrontar un embargo que alcanza el millón de pesos.
Además, de los diez procesados como co-autores del delito de asociación ilícita, seguirán detenidos, en calidad de organizadores: Lelio Serafini, Marcelo Liporaci, Adrián Marcelo Zeballos, Jorge Miguel Centeno, Ricardo Astudillo y la contadora María Cristina Ottaviano. Se ordenó que todos ellos sean alojados en una cárcel federal, de las que no hay en Santa Fe, por lo que se aguardaba el traslado a Ezieza, Marcos Paz o un establecimiento en la Patagonia.
Por su parte, otros cuatro procesados fueron beneficiados con la libertad, previo pago de una fianza de cien mil pesos. Se trata de Guillermina Scariglia, Marco Rete, Nair Juana García y Atilio Miotti. Ellos no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente a una sede policial para garantizar que se encuentran a disposición judicial.
Por otra parte, al escribano Fabián Tosini se le dictó la falta de mérito y también fue liberado, aunque en su caso no tenía que abonar fianza alguna para regresar a su casa. A criterio de Vera Barros, no se pudo comprobar que el vínculo entre Tosini y el resto de los integrantes de la red se hubiera concretado con un interés delictual.
Quedaba por definir la situación procesal de los últimos aprehendidos en el marco de la causa, tramite sobre el que se aguardaba que en los próximos días Vera Barros se expidiera.
