Después de cuatro años de dilaciones, promesas incumplidas, y cerca de 700 damnificados que se presentarán en Tribunales, la causa por la mega estafa inmobiliaria del loteo de Villa Don Carlos parece encaminarse rumbo a una audiencia imputativa. Hay expectativa porque los estafadores reciban una condena en el fuero penal, pero muchas dudas de que se pueda recuperar parte de los millones que se esfumaron.
En 2011 el Grupo Land y la inmobiliaria Gilli compraron terrenos Villa Constitución para hacer un barrio abierto. Dos años más tarde comenzaría el engaño de los empresarios que prometían el sueño de tener la casa propia en alguno de los 898 lotes que ofrecía el proyecto, que además incluía "excelente forestación, calles estabilizadas y espacios verdes".
Pero tal como publicó Vía Rosario en noviembre de 2016, todo resultó ser una farsa. En primer lugar se vendía el lugar como un loteo, cuando en realidad se trataba de un fideicomiso. En segundo término, las obras siempre se movieron con una pasmosa lentitud, la gran mayoría de ellas nunca se hizo en cuatro años, y las que sí se concretaron, estaban mal hechas.
Estas irregularidades motivaron una demanda colectiva en 2014, que recién este año empezó a moverse un poco. "En la vía civil, se acaba de confirmar una sentencia de cámara que nos habilita como ONG a actuar en defensa de los damnificados y a hacerlo desde Villa Constitución, y no como pretendía la empresa de que las presentaciones fueran individuales y en Rosario", explicó Evelyn Casa, representante de la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos, a Vía Rosario.
No obstante la agrupación no tuvo la misma suerte en el ámbito penal. "No nos dejaron actuar como asociación y por eso intervendrán abogados particulares a través de cada uno de los damnificados", indicó y agregó que en breve comenzarán a llegar las masivas demandas de los 700 estafados.
Mientras tanto la inmobiliaria Gilli, única contraparte que dio la cara porque el Grupo Land desapareció por completo, siguió buscando la forma de dilatar los plazos. "Primero firmaron un acta acuerdo con el municipio y la Provincia comprometiéndose a hacer la apertura de calles, cordón cuneta y estabilizado, cosa que obviamente no cumplieron. Hace un mes y medio firmaron otra acta anunciando que recién dentro de un año y medio arrancarían con las obras de luz", repasó Casa.
Desde la Fiscalía esperaban a ver si estas nuevas promesas empezaban a materializarse, pero como todo parece indicar que quedarán sólo en eso, la causa seguirá su curso. "Desde Fiscalía nos dijeron que ya tienen todos los elementos para avanzar en la audiencia imputativa. Nosotros tenemos esperanza en conseguir algo por la vía penal, porque por la civil se muestran insolventes", apuntó y agregó que con el cambio en la Unidad Especial de Delitos Económicos Complejos, el caso ya no está en manos de Sebastián Narvaja sino que recayó en Adrián McCormack.
Mientras el caso parece empezar a caminar en la Justicia, algunos de los estafados deben seguir alquilando pese a que pagaron su lote, otros más jóvenes continúan viviendo con sus padres, muchos todavía se lamentan por el Procrear que perdieron, los menos pudieron meterse en algún otro plan, pero todos reclaman por lo prometido e incumplido.
