La diputada nacional por Chaco del bloque del Frente de Todos, Lucila Masin cuestionó duramente el falló de la jueza en lo Comercial y Civil, Marta Beatriz Aucar de Trotti luego que esta diera lugar a una medida cautelar para que no se instrumente en la provincia la reciente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Masín, quien fue una de las voceras en la Cámara Baja que tuvo el proyecto, después transformado en Ley, aseveró que “todos y todas sabemos que las leyes nacionales están por encima de las leyes provinciales, inclusive de la Constitución provincial”.
“El argumento utilizado en la medida cautelar es falaz y se está atentando contra el alcance de las instituciones de la Democracia”, dijo Masin. Agregó además que “es una ley de orden público que ha sido sancionada por el Congreso de la Nación; promulgada y reglamentada por el Estado nacional”.
La legisladora sostuvo también que “hay una inconstitucionalidad, una ilegalidad respecto al procedimiento de esta jueza provincial”.
El Gobierno no fue notificado
Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia emitió un comunicado en el cual menciona que el Gobierno chaqueño no había sido notificado sobre la cautelar dispuesta por una jueza chaqueña.
“Somos respetuosos del Estado de Derecho, respetamos los procesos judiciales y llegado el momento, contestaremos de tal forma”, indicaron desde el área.
Se agrega además que “la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una ley sancionada por los representantes del pueblo”, y asevera que “desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”.
Repudio de organizaciones feministas
Por otra parte Mumala Chaco y Libres y Diverses repudiaron la decisión de la jueza y aseguraron que “esto no hace más que vulnerar una ley nacional reglamentada que establece el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, que rige en todo el país desde el 24 de enero y su vigencia no requiere ningún tipo de adhesión provincial o reglamentación”.
En ese orden, las organizaciones le solicitaron “al gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que a través del Ministerio de Salud cumpla con su promesa de garantizar el cumplimiento de la ley nacional 27.610”.
La determinación de la jueza Aucar, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, se desprendió de la cautelar solicitada por un grupo de seis personas que son representadas por el abogado Fernando Guirado y que entienden la nueva Ley como inconstitucional.
El fallo que tuvo lugar durante la vigencia de la feria judicial señala entre sus argumentos que la Ley 27.610 aprobada por mayoría en ambas Cámaras Legislativas “...restringe, menoscaba, violenta, limita y altera la existencia del derecho a la vida del niño por nacer, resulta necesaria una medida jurisdiccional que evite los hechos lesivos fatales antes que se produzcan, por ello exige el máximo esfuerzo jurisdiccional del cual debe ser proporcional al interés y al derecho colectivo involucrado”.
