Desde el Consejo de la Magistratura de Chubut presentaron formalmente las acusaciones contra Mariel Suárez, la jueza comodorense que se habría besado con un preso. La misma fue denunciada por incumplimiento de sus obligaciones y omisión de sus deberes.
Su caso está en la lupa de la Justicia local, y entre agosto y septiembre de este año podrían realizarle el juicio para destituirla. Incluso, ya estuvo procesada y fue sancionada, y aunque se la sobreseyó meses atrás, la Fiscalía insistió en que se la separe de su banca.
La magistrada está imputada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y subsidiariamente, y también por omisión de los deberes de oficio, ya que durante sus encuentros con el preso Cristian “Mai” Bustos dejó de lado sus tareas jurídicas e incluso mintió sobre su estado de salud como excusa.
EL FISCAL FERNANDO RIVAROLA TAMBIÉN PODRÍA SER DESTITUÍDO JUNTO A SUÁREZ
“Ambas acusaciones fueron presentadas la semana pasada, tanto para la Dra. Suárez como contra el fiscal Rivarola, por parte de las comisiones acusadoras”, confirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Tomás Malerba, según informó ADNSUR.
Cabe recordar que, además de la jueza, también podría ser juzgado y, en consecuencia, destituido de su cargo el doctor Fernando Rivarola. Está acusado del delito de omisión en una causa de pornografía infantil, y también por violencia laboral y de género.
La RATT lo denunció por su actuación en una investigación sobre una red de pornografía infantil y pedofilia. Entre los involucrados estaba un médico forense en el Poder Judicial, cuya participación no fue informada por Rivarola y el trabajador de la salud continuó ejerciendo un tiempo más incluso con niños y adolescentes.
La acusación, por lo tanto, entiende que el fiscal no tomó las medidas preventivas necesarias en medio de esta investigación. Sin embargo, a parte también se lo cuestionó por maltrato laboral a la fiscal Florencia Gómez, cuando la misma trabajaba para él.
Como los dos casos tienen plazos gemelos -ya que se presentaron el 27 de diciembre- se vencían a mediados de mayo. De este modo, ambas comisiones del Consejo debían presentar las acusaciones y sus fundamentos antes de que se finalice ese plazo, y lo hicieron.