Redacción Vía País
El martes 2 de mayo, la Justicia chubutense rechazó un pedido de desarchivo realizado por jueza Mariel Suárez, quien fue filmada mientras “se besaba” con un condenado. Su denuncia apuntaba contra policías y demás empleados del penitenciario donde sucedieron los hechos.
Cabe recordar que la magistrada estuvo procesada y fue sancionada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y subsidiariamente, y también por omisión de los deberes de oficio, ya que durante sus encuentros con el preso Cristian “Mai” Bustos dejó de lado sus tareas jurídicas.
Luego de que trascendieran las imágenes de sus encuentros íntimos con el recluso, la magistrada de Comodoro Rivadavia realizó una denuncia contra el personal del Penitenciario de Trelew por difundir los videos de las cámaras de seguridad. Esa causa, sin embargo, se archivó.
Suárez pidió retroceder con esta medida, pero el martes la jueza Ivana González rechazó su petición, en el marco de una audiencia especial, desarrollada en la Oficina Judicial en los Tribunales de Trelew. Los videos que dejan en evidencia a la magistrada y al preso fueron grabados con el celular un policía mientras el monitor del penal filmada la secuencia.
El cruce entre Mariel Suárez y los fiscales
La jueza acusada argumentó, además, que las imágenes captadas fueron enviadas de forma ilegal a portales periodísticos, viralizadas y luego utilizadas como sustento probatorio en el sumario iniciado en contra de ella. En aquel entonces, se autorizó el allanamiento del domicilio del policía involucrado, así como el secuestro de un teléfono celular y otras diligencias llevadas adelante.
Desde el Ministerio Público Fiscal respondieron que no se puede pasar por alto que la finalidad del circuito cerrado de video es la de controlar la seguridad de las personas, resultando razonable. Según informó ADNSUR, de este modo es necesario que el personal policial grabe con sus celulares para que quede el archivo en algún lado, y así tener alguna prueba de lo que está pasando.
Si bien Suárez fue sobreseída, la Fiscalía insistió en que se la separe de su banca luego de que se comprobara que incumplió sus deberes como funcionaria judicial. En este marco, confirmaron que en agosto podría iniciar el juicio de su destitución definitiva.
La misma estuvo atravesando un Jury de Enjuiciamiento ya que, al mentir sobre su estado de salud -pues no tenía ningún problema-, retrasó la realización de un acto propio de su función como Jueza Penal de turno, en base a lo que comprende el artículo 71, inc. 2, 217 y 219 del Código Procesal Penal.
No obstante, el magistrado Carlos Ariel Tedesco hizo lugar al planteo de la defensa. Dictó así el “sobreseimiento definitivo” de la funcionaria sin el acuerdo de los fiscales, quienes decidieron apelar. Manuel Burgueño Ibarguren, integrante del Consejo de la Magistratura, será el abogado a cargo de la acusación.