María Inés Chávez, de 75 años, recibió una condena de 4 años de prisión por parte del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Santa Fe. Fue en un juicio abreviado, cuyo juez fue Luciano Lauría.
En octubre de 2021 ya había recibido otra condena, junto a un hombre, por la “explotación económica del ejercicio de la prostitución agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.
Todo comenzó a partir de un llamado anónimo, en abril de 2014, a la Dirección Especial de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas Delegación Rafaela. Allí dijo lo que era un secreto a voces en Rafaela: que en calle Jaime Ferré se encontraban ejerciendo la prostitución jóvenes en estado de vulnerabilidad. Algunas de ellas, de República Dominicana.
Esto derivó en dos allanamientos por agentes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata: en Alvear al 1300 y en una vivienda de calle Edison. La causa implicó a dos personas: María Guillermina Herrera y José Luis Vega.
El 27 de mayo de 2019 se realizó una serie de allanamientos, en donde fueron detenidos Vega y Herrera, acusados de haber acogidos a tres mujeres para ejercer la prostitución y obtener ganancias de ellas. Lo encontrado en los domicilios de Vega fue imponente: el megaoperativo permitió el secuestro de gran cantidad de automotores -algunos de ellos de alta gama-, motovehículos, una moto de agua, una casa rodante, armas de fuego -con sus respectivas municiones- y teléfonos celulares. También se secuestraron los denominados “libros de pases”, pasaportes, sumas de dinero en moneda nacional, brasilera, uruguaya, chilena y euros, documentación patrimonial, preservativos, geles íntimos y otros elementos importantes para la investigación. De acuerdo a la pesquisa, parte de los bienes pertenecen a unos de los principales investigados, quien se permitía correr el Dakar sin tener ningún otro tipo de ingreso declarado. Tamaña intervención tuvo repercusión nacional. Incluso, dos días después, vino la por aquel entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
A partir de esa causa, se inició esta, sobre la cual Chávez recibió la condena. Es que se pudo determinar que la dueña de las residencias donde se explotaban sexualmente a las jóvenes era ella. Según las víctimas, el alquiler mensual de las habitaciones y los cobros de “pases” iban hacia ella, quien además proporcionaba el sitio para que llevan a cabo esta actividad. Todo esto, quedó registrado en una serie de cuadernos, en donde se indicaban “pases”, descuentos por gastos de alimentación, higiene y limpieza del lugar, y el “alquiler” de “José”, en alusión a Vega.
