Luis Vázquez era martillero y sufrió un ACV que lo dejó con alto grado de incapacidad. A sus 80 años, poco antes de morir, vendió en apenas un mes unas 34 propiedades en Ezeiza, Canning, Monte Grande y San Miguel. Estas estaban valuadas en unos 14 millones de dólares, pero fueron entregadas por apenas 600 mil dólares. Para sus herederos, esto se debió a una estafa.
José, Hugo y Guillermo Vázquez, primos y herederos de Luis, pidieron que se inicie una investigación y apuntan al apoderado y mano derecha del martillero. El motivo de la sospecha es que la mayoría de los inmuebles se vendieron a precios que no llegan ni al 5% de su valor de mercado y casi todos fueron comprados por conocidos de la personas señalada.
El próximo 26 de julio la causa podría prescribir si no tiene avances, y los denunciantes consideran que alguien “está pisando el expediente”.
Los acusados por la familia son Maximiliano Teta (41), apoderado de Luis Vázquez durante más de doce años, y el escribano Andrés Ringuelet (50), quien certificó las operaciones de compraventa, las cuales presentan todo tipo de irregularidades, según la denuncia de los abogados querellantes. “Fue todo muy burdo”, explican.
Las 34 propiedades vendidas incluyen comercios, terrenos en lugares privilegiados y varias casas.
Quién era Luis Vázquez, el martillero de Ezeiza
Cuando la zona de Ezeiza y Canning se revalorizó por el boom inmobiliario que la pobló, el valor del metro cuadrado se disparó y Vázquez, que había ido comprando propiedades a lo largo de toda su vida, pasó a ser dueño de una fortuna en inmuebles.
Pero su salud le venía jugando una mala pasada desde hacía años, por lo que le otorgó un poder a Teta, su mano derecha y quien desarrolló toda su vida profesional al lado del empresario. Él estaba autorizado a firmar documentos importantes por su jefe.
El 13 de julio de 2016, Vázquez sufrió un ACV que lo dejó en una situación de salud gravísima: internado “con un grado de conciencia mínima, asistencia respiratoria mecánica, cuadripléjico y con una traqueotomía”. Estaba “totalmente incapacitado”, según los partes médicos.
Juan Cruz Caimi, uno de los abogados de los herederos., explica: “El poder no tiene validez siendo el hombre incapacitado. Sirve solamente para ejecutar la voluntad de Vázquez, pero si estaba postrado era imposible que diera las órdenes”.
El martillero estuvo internado entre el 19 de julio y el 16 de septiembre de 2016. Fue entonces cuando el representante se desprendió de 34 inmuebles, incluyendo la casa donde vivía Vázquez.
Entre las irregularidades, se destaca que se hicieron hasta cuatro operaciones en una misma jornada, todos los contratos eran iguales y que en cada transacción participó el mismo escribano.
Herederos: sin fortuna y llenos de deudas
Al no tener hijos, la línea sucesora de Vázquez recayó en su primo José y en los dos hijos suyos, Hugo y Guillermo. Sin embargo, en lugar de encontrarse con una fortuna, solo heredaron deudas, ya que, por ejemplo, los juicios de los empleados de la inmobiliaria de su primo que debió cerrar recayeron en ellos.
En julio de 2020 presentaron una demanda contra Teta, Ringuelet y otras tres personas, por considerarlos autores del delito de “lavado de asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado de activos”.
La denuncia apunta a las maneras en que se vendieron las 34 propiedades en tiempo récord. “Teta le vendió a su hermana, a su mujer, a familiares. Muchos que cobraban asignaciones, todas al 5% del valor real”, comenta Caimi.
Entre las situaciones insólitas, una hermana de Teta compró un lote valuado en 2,4 millones de dólares a 1,5 millones de pesos. Y luego de firmar, ese mismo día entregó un poder a su hermano para que siguiera administrando la propiedad.
Otros de los compradores de los inmuebles fueron Alejandro G. y Emiliano U., ambos cuñados de Teta; María Florencia U., pareja del acusado; Mario R. un empleado suyo; Nanci M. y Alejandro V., tíos de su pareja; y Susana P., abogada de Vázquez. Todos ellos pagaron en pesos y a valores muchísimo menores que los reales.
La complicidad de la escribanía N° 1
Todas las escrituras denunciadas se hicieron en la escribanía Ringuelet & Scatolini, una de las pioneras en el distrito: sin ir más lejos, lleva el N° 1 en el registro notarial de Ezeiza. Vázquez llegó a firmar 700 propiedades con esta escribanía.
Sin embargo, para Alfredo Gascón, abogado de Ringuelet, no hubo irregularidades: “Llamó mucho la atención la denuncia, este es un problema de herederos. Ninguna de esas operaciones resultaba sospechosa. Vázquez se dedicó toda la vida a la compraventa de inmuebles”. Y agregó que su cliente “no estaba al tanto de la situación de salud de Vázquez”.
“Teta tenía un poder otorgado en otra escribanía. Si ese poder tiene matricidad, al escribano que se lo presentás no tiene manera de desconocer esa situación. Lo que él tiene que verificar es que esté en el protocolo, no tiene otras capacidades, no es su competencia”, indicó.
“Lo que haya hecho Teta es un problema entre los herederos. Ellos le tendrán que preguntar ‘dónde está la guita’. No pasó plata por la escribanía”, aseguró.
Uno de los socios de la inmobiliaria es Luciano Scatolini (47), actual secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, la cartera que conduce Jorge Ferraresi. Según Caimi, Scatolini participó firmando algunos de los formularios con los que se pidieron los informes de dominio de las propiedades que se vendieron.
Cómo va la causa hasta ahora
Aunque los herederos pidieron al menos nueve veces que se llame a indagatoria tanto a Teta como a Ringuelet, no sucedió. El problema es que si la Justicia no los llama antes del próximo 26 de julio -cuando se cumplen 6 años de la primera venta-, la causa penal se cae.
Sin embargo, en la última semana hubo un pequeño avance, aunque polémico: se ordenó un allanamiento para el pasado jueves, pero se publicó con 48 horas de antelación a través de un oficio en la causa. Al pedirse intervención al Colegio de Escribanos de Lomas de Zamora, podría inferirse que el domicilio a allanar podría ser la escribanía Ringuelet. Es decir, se avisó del allanamiento.
Los abogados de los herederos, además, no fueron notificados de dónde sería la requisa. Los citaron en una esquina de la ciudad de Monte Grande: a 20 minutos de la ubicación de Ringuelet, en Canning. Les dijeron que era por “motivos operativos”.
Atento a esta situación, Caimi decidió enviar a una de sus colaboradoras a Monte Grande y quedarse en la puerta de la escribanía a tomar un café. Un rato antes de la llegada de la comitiva -según cuenta él a este medio-, un grupo de policías entró al lugar y salió con cajas y papeles. La comitiva que venía con su colaboradora aún no había llegado.
Tanto para él como para el resto de los familiares, se trata de una operatoria con tintes mafiosos para quedarse con las propiedades. Y una que está bien documentada además. “No imaginaban que Luis tenía herederos. Dejaron marcas por todos lados”, cierra el abogado. Ahora, será la Justicia quien deba conectar esas marcas, pero el tiempo apremia.
