En su última sesión del año, el Concejo Deliberante de Posadas aprobó una ordenanza que prohíbe el funcionamiento de criaderos y la comercialización de animales de compañía, como perros y gatos, en todo el ámbito de la ciudad. La iniciativa, impulsada por la concejal renovadora Laura Traid, coloca a la capital misionera como la segunda ciudad del país en implementar una regulación de este alcance.
La medida plantea un cambio de paradigma en la relación con los animales domésticos, al sostener que perros y gatos no deben ser considerados bienes comerciables. La ordenanza surge como respuesta a una problemática en crecimiento: numerosos casos de explotación de hembras reproductoras y prácticas domésticas orientadas al lucro, en las que se promueven camadas sucesivas sin control sanitario ni condiciones adecuadas.
Si bien en Posadas no existen criaderos de gran escala, se detecta una oferta persistente de cachorros en redes sociales y espacios digitales de compraventa, lo que hasta ahora no podía ser denunciado debido a la falta de normativa específica. Con la nueva regulación, la comercialización y la cría con fines económicos pasan a estar formalmente prohibidas y podrán ser investigadas de oficio o mediante denuncia.
Denuncias, procedimientos y sanciones
La ordenanza establece un protocolo detallado para la actuación ante casos de venta o cría ilegal. Las denuncias podrán realizarse tanto en dependencias policiales como directamente en la Municipalidad. Cuando la comercialización ocurra en espacios públicos, el municipio podrá intervenir de manera directa; si el hecho se detecta en una propiedad privada, será necesario solicitar una orden de allanamiento.
En cuanto a las sanciones, la normativa prevé multas económicas de alto impacto y contempla agravantes para casos de reincidencia. En situaciones extremas, podría disponerse incluso la prohibición de que el infractor vuelva a tener animales de compañía.
El texto aprobado fue elaborado a lo largo de más de un año de debates, consultas y revisiones técnicas junto a proteccionistas y rescatistas, con el objetivo de construir una herramienta legal robusta y sin precedentes a nivel nacional.
