La agrupación política La Cámpora del distrito porteño iniciará mañana por la noche una vigilia en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la espera de que se difundan los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en la causa Vialidad.
Bajo el lema “la proscripción al carajo”, la agrupación encabezará junto con otras organizaciones kirchneristas esta actividad que comenzará el miércoles a las 21 y se extenderá hasta la medianoche.
”En el marco de los fundamentos de la sentencia que se darán a conocer el 9/3, nos reunimos en Plaza Lavalle”, anunció un mensaje publicado por la agrupación en las redes sociales.
El Tribunal Oral Federal Nª 2, que juzgó y condenó a la Vicepresidenta y otros imputados en la causa Vialidad, dará a conocer este jueves los fundamentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
Desde el plano político, las agrupaciones kirchneristas motorizan la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que además organizan para este sábado 11 un multitudinario acto en Avellaneda.
La expresidenta confirmó que asistirá este viernes 10 a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma a recibir el doctorado honoris causa y brindará una ponencia que lleva por título “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”.
Poco después de la lectura del veredicto, el pasado 6 de diciembre, la titular del Senado y dos veces presidenta consideró que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
“No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo. Como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)”, afirmó Cristina Kirchner en aquella oportunidad.
El presidente Alberto Fernández consideró la semana pasada ante la Asamblea Legislativa que la Vicepresidenta recibió una condena “en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.
Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del TOF 2 será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a 6 años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el exministro Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López.
Ahora, tendrán que difundir los fundamentos completos de su veredicto, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes podrán apelar ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
A partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones, que deberán estar presentadas dentro de los 10 días hábiles desde la difusión de los fundamentos completos.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
El Tribunal Oral Federal 2 investigó administración fraudulenta y desvíos de fondos en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
