El gobierno de Alberto Fernández formalizó este miércoles la denuncia penal contra un grupo de jueces federales, un funcionario porteño y empresarios de medios. Los acusa por “incumplimiento de los deberes” y “dádivas”.
Como lo anunció el lunes el jefe del Estado por cadena nacional, el ministro de Justicia, Martín Soria, impulsó la acusación en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investiguen los hechos vinculados con un viaje a Lago Escondido.
El accionar de la Casa Rosada, basado en versiones que surgen de hackeos ilegales, se produce poco después de conocerse la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF) en la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Soria presentó la denuncia penal contra Julián Ercolini, juez Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez nacional de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9; Juan Bautista Mahiques, fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Marcelo D’Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad de la misma jurisdicción.
La acusación alcanza también, por el presunto ofrecimiento de dádivas, a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (Side); y Tomás Reinke, especializado en publicidad digital y política.
A través de un comunicado, el gobierno nacional señaló que “los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido”.
El ministro Soria solicitó que el Estado Nacional sea parte querellante en la investigación porque, justificó, “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
La versión de D’Alessandro
El ministro porteño dio a entender que su teléfono fue hackeado y que los chats que lo involucran fueron “creados”. “Son capaces de meterse, según ellos, al teléfono del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, reconstruir un chat y dejar plasmado cómo se articula todo el poder y el lawfare pero no pueden abrir el teléfono de cuatro personas que intentaron asesinar a la vicepresidente”, alertó.
El funcionario añadió que “se va a comprobar que están editados, se va a comprobar que hay cosas que no existieron. Los que me conocen saben que yo no hablo de la manera que está ahí”. A su vez, afirmó que “es un método que tienen, de usar servicios, mecanismos ilegales que sólo se vieron en dictadura”.
