Durante la tarde de este miércoles, oficialismo y oposición coincidieron en un plenario de comisiones del Senado para que avance el proyecto que impediría por diez años los desalojos de los barrios populares. Asimismo, el plan expande el universo de asentamientos alcanzados por el régimen de regulación dominial y de mejoras urbanas en más de 5600 barrios de todo el país.
El dictamen fue firmado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, y que quedó muy cerca de convertirse en ley cuando se realice la próxima sesión de la Cámara Alta. La prorroga sería sobre la norma original, que se sancionó en 2018 y que vence el 28 de octubre.
Ya había tenido un respaldo abrumador en la Cámara de Diputados la semana pasada, lo que fue duramente criticado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que cuestionó, sobre todo, a los 39 legisladores de su partido que votaron a favor. “Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo”, escribió la exmistra en su cuenta de Twitter.
Enseguida, funcionarios de la administración porteña le contestaron. Esta tarde, por su parte, las voces del PRO que se escucharon fueron las de José Torello (Buenos Aires) y Guadalupe Tagliaferri (Capital). Ambos apoyaron el proyecto, recordando que el régimen fue votado en 2018, es decir durante el Gobierno de Mauricio Macri. También admitió que cuando se acercó la propuesta a Cambiemos les “generó desconfianza”. “Pero nos hicieron entender de la verdadera necesidad que hay en la Argentina”, expresó.
“Esta es una política de Estado que el expresidente Macri acompañó y me encanta que esto siga así”, dijo el senador cercano al exmandatario, mensaje que muchos consideraron dirigido a Bullrich.
De qué trata el proyecto
El proyecto que ya fue aprobado por Diputados amplía los alcances de la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el objetivo de regularizar la situación de 1,2 millón de familias -más de cinco millones de personas- que viven en barrios de emergencia. Uno de sus fines fue registrar los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes y censar a quienes habitan allí.
Pero además de prorrogar la suspensión de desalojos, se amplía de 4400 a más de 5600 los barrios de emergencia alcanzados por la legislación.
Ante la pregunta del radical chaqueño Víctor Zimmerman respecto de la financiación del programa, se comentó que los fondos partieron de lo recaudado por los impuestos a las grandes riquezas y PAIS. Las funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que expusieron en el Senado, Fernanda García Monticeli y Fernanda Miño, explicaron que el fondo fiduciario creado con esos recursos llegó a recaudar unos $80.000 millones de los cuales ya se ejecutaron más de $70.000 millones.
Asimismo, el proyecto declara la emergencia socio sanitaria y ambiental por dos años en los barrios incluidos en el registro. De esta manera, la intención es agilizar los procedimientos administrativos tendientes a regularizar la situación dominial de los habitantes de esas barriadas. También incorpora una perspectiva de género, al darle a la mujer la prioridad para la titularidad de la vivienda.
