La AFIP detectó graves incompatibilidades entre los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y las condiciones que deben cumplirse para contar con la posibilidad de percibirlo. Luego de ello, el fiscal federal Guillermo Marijuán lo denunció penalmente, a la vez que pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados de manera irregular.
Puntualmente, entre 1.383.279 de titulares se identificó que:
- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que, según la última actualización, asciende a 57.900 pesos.
- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.
- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave,
- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
- 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.
- 8019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación
- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.
La denuncia de Marijuán se centra en el delito de defraudación contra la administración pública cometido por quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. A partir de esto, el fiscal pidió que se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
Cuando Juan Zabaleta todavía estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social pidió a la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico-financiera de estos.
Cabe mencionar que el Programa Potenciar Trabajo depende, dentro de la estructura del ministerio de Victoria Tolosa Paz, de la Secretaría de Economía Popular a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita e integrante de la Unión Trabajadores de la Economía Popular integrada.
Quienes no pueden percibir el beneficio
La Resolución “2020-121-APN-MDS”, del 18 de marzo de 2020 y publicada en la página oficial del ministerio de Desarrollo Social, precisa que la incompatibilidad al “ingreso y la permanencia en el programa Potenciar Trabajo” abarca a las personas que:
- ”Sean titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economía Popular”.
- ”Sean titulares de más de un bien inmueble”.
- “Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a diez años”.
- “Perciban pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección”.
- “Perciban jubilación contributiva o no contributiva”.
- “Perciban prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de un empleo a jornada completa. Esto es que perciban más de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Hay miles de beneficiarios que cobran un subsidio por parte del Estado de manera irregular sin cumplir la resolución ministerial que establece que este debe ser percibida por “personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”.
