Desde la Casa Rosada presentaron dos recursos para no cumplir con el fallo de la Corte Suprema en relación a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. Sin embargo, se prevé que máximo tribunal rechace ambos recursos y apele a otras herramientas para obligar al Ejecutivo a realizar el pago.
Alberto Fernández presentó una revocatoria in extremis, un recurso de reposición que se interpone ante una sentencia que se considera injusta o de imposible cumplimiento, y anunció que recusará a los integrantes del máximo tribunal. La lectura que se hace sobre esta medida es que desde el Gobierno tratan de ganar tiempo ya que, por lógica, la Corte rechazará estas estrategias y, además, comenzará la etapa de ejecución de la medida cautelar. Esto significa que el Gobierno tendrá la obligación de depositar en las cuentas de la Ciudad el dinero correspondiente a la coparticipación.
Si la Casa Rosada mantuviera su postura, la Corte Suprema de Justicia puede recurrir a otras acciones para hacer cumplir la resolución: desde embargar los fondos del Estado nacional a través de la AFIP hasta hacer una copia certificada a la Justicia Penal para que investigue si los integrantes del Poder Ejecutivo incurren en el delito de deberes de funcionarios públicos. La segunda es solo una denuncia.
Las consecuencias alrededor del incumplimiento
La negativa del Gobierno lo expone a una serie de denuncias penales, como la de la Coalición Cívica ARI, o hasta incluso la Corte puede poner en conocimiento de la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación que el Poder Ejecutivo incumple una manda judicial. Esta instancia llegaría solo si Alberto Fernández se resiste a cumplir con el fallo.
Además, existe la posibilidad de que los funcionarios también sean denunciados por desobediencia. Esta acusación caería sobre todos aquellos integrantes del Poder Ejecutivo que tendrían que haber hecho cumplir la normativa: desde la Casa Rosada hasta los directivos del Banco Nación.
Por otra parte, aparte de las determinaciones que tome el máximo tribunal, también la Ciudad podría pedir el embargo de las cuentas del Estado nacional para hacerse de esos fondos. Este viernes, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que denunciarán “a cada uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo que deben hacer cumplir la resolución”.
