Mientras la “ley Bases” sigue sin ver la luz y el Gobierno no pudo exhibir ningún triunfo parlamentario en más de cinco meses de gestión, la oposición se unió este martes en la Cámara de Diputados y le propinó un golpe a la gestión del presidente Javier Milei, al aprobar por amplia mayoría una recomposición del 8% de los haberes jubilatorios para alcanzar el pico inflacionario de enero.
La iniciativa recibió 160 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones. Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otros bloques minoritarios de las provincias votaron juntos a favor, mientras que La Libertad Avanza y el PRO opusieron resistencia, pero quedaron en minoría. El Frente de Izquierda se abstuvo.
La media sanción es un llamado de atención al Gobierno, que tiene la última carta y parece dispuesto a afrontar el costo político de vetar la ley. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este martes que la Nación “no tiene recursos disponibles” para costear el beneficio y le reclamó a la oposición que informe “de dónde salen los fondos”.
La iniciativa tiene un costo fiscal de 0,43% del PBI, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. “Es lo mismo que el Gobierno nacional pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, o bien el 10% del gasto tributario del Estado nacional”, explicó la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.
Los bloques de la oposición llegaron a la sesión con dictámenes separados y durante toda la jornada se dedicaron a negociar tras bambalinas para llegar a una redacción que conformara a todos. El nudo de las conversaciones fue la propuesta del oficialismo cordobés para garantizar los flujos a las cajas provinciales no transferidas a la Nación y saldar unos 82.000 juicios de jubilados con sentencia firme.
Los cordobeses alineados al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque Hacemos, pretendían echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero el kirchnerismo no estaba dispuesto. “Poner cualquier artículo que avance en la posibilidad de desarmar o liquidar el FGS es un paso para el retorno al sistema de las AFJP. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra en la Argentina”, sentenció el economista Itai Hagman.
Finalmente, para no empantanar el tema de la compensación a jubilados, se llegó a un principio de acuerdo que conformó a Llaryora y sus diputados para garantizar los giros a las cajas por una vía alternativa. Según supo este medio de fuentes involucradas en las tratativas, los pagos se saldarán a través de recursos tributarios con asignación específica a la Anses, como impuesto al Cheque, PAIS e IVA.
Cómo es el proyecto
El proyecto establece un aumento mensual de las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor). Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un aumento del 50% de la variación salarial (Ripte) por sobre la inflación del año calendario anterior.
Seguido, se obliga al Poder Ejecutivo a pagar a los jubilados, por única vez, una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. Originalmente, el kirchnerismo proponía una recomposición del 30% (en lugar del 20,6%) pero tuvo que bajar sus pretensiones para consensuar con los dialoguistas.
Por otra parte, se incluye una garantía para el haber mínimo: si los beneficiarios de una única prestación previsional cobran menos que el equivalente a 1,09 canastas básicas totales (268.812 pesos cada una, a valores de abril), accederán a un suplemento hasta alcanzar ese monto.
“Hoy el 86% de los jubilados y pensionados no logra cubrir la canasta básica. Por eso no solo es urgente: es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema. Esta propuesta fue pensada, no estamos improvisando. Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad”, afirmó Brouwer de Koning.
Si la ley es sancionada y el Ejecutivo la veta, la única forma de que se haga efectiva es que el Congreso insista en la ley con dos tercios de los votos. Si bien hay antecedentes de este tipo a lo largo de la historia, la composición actual de ambas cámaras hace difícil para la oposición llegar a ese número.
