La Justicia rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para detener a Jonathan Morel, Leandro Sosa y Gastón Guerra, los tres integrantes de la agrupación Revolución Federal. Tampoco se hizo lugar al allanamiento de Ximena De Tezanos Pinto, vecina del departamento en el barrio porteño de Recoleta y quien recibió tiempo atrás a Guerra.
Fue el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quien rechazó la detención de los jóvenes relacionados en ese grupo conocido por escraches violentos a dirigentes políticos. La Justicia entiende que no hay ninguna relación entre el atentado realizado por Fernando Sabag Montiel, responsable de gatillar el arma Bersa, y la agrupación de Revolución Federal. Por ese motivo, por el momento, la Cámara Federal porteña le dio la razón a María Eugenia Capuchetti, quien sostiene que los casos deben investigarse por separado.
“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, sostuvo Martínez De Giorgi en la resolución publicada por Clarín.
Pese a esa decisión, el magistrado le recomendó a la querella representada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, que formule dicho pedido -llegado el caso- ante Capuchetti, quien tiene a su cargo la pesquisa por el intento de magnicidio.
La resolución sostiene: “Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”.
Entre la batería de medidas pedidas por la querella en representación de Cristina Kirchner, se incluyó un pedido de allanamiento al domicilio de la vecina del barrio de Recoleta, Ximena De Tezanos Pinto. Sin embargo, esa medida se desestimó por completo.
Otro rechazo expresado por el juez refiere al planteo para que se llame a indagatoria a la decoradora Rossana Caputo, responsable de requerir a uno de los líderes de Revolución Federal que fabricara el mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta. Lo que respondió el juez Martínez De Giorgi al respecto, es que ya se encuentra en curso una serie de medidas “sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.
De todos modos, el juez entendió que debían requerirse “los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
Así, requirió a las empresas Twitter e Instagram “que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba Guerra.
Al anunciar su pedido, ahora rechazado por la Justicia, Cristina Kirchner había dicho en un hilo de Twitter: “¿Qué más necesitarán (los camaristas Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”.
