El próximo miércoles 1° de febrero se termina la feria judicial y la Corte Suprema deberá retomar sus tareas habituales. En este regreso tienen pendientes dos fallos claves para el Gobierno: la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la composición del Consejo de la Magistratura. En tanto, en el Congreso se avanza con un juicio político contra los cuatro miembros.
De hecho, gran responsabilidad sobre el avance del juicio tiene que ver con los fallos previos en los temas mencionados. El proceso comenzó el jueves pasado con una reunión en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en donde se dieron cruces entre el oficialismo y la oposición.
Cabe mencionar que la agenda oficial, por otro lado, tiene como ítem principal a la ofensiva contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, mediante encuentros semanales en el parlamento.
En otro orden, el máximo tribunal deberá ocuparse de un recurso de queja por la doble pensión que cobra Cristina Kirchner y desde el 2021 tiene sin resolver la reapertura del caso Dólar Futuro, en el que la Vicepresidenta fue sobreseída por Casación.
Qué pasará con la coparticipación
Los cuatro miembros del máximo tribunal podrían tener una primera reunión informal el mismo miércoles en relación a los fondos de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y el fallo que no acató el Gobierno de Alberto Fernández. Más tarde, una semana después, podrían tener una reunión de acuerdo para el dictado de sentencias.
Sobre los planteos nacionales, desde el Palacio de Tribunales advierten que, por un lado, el máximo tribunal no revisa sus propios fallos y, por otro, la revocatoria “in extremis” se plantea ante un evidente error material, no para discutir los fundamentos jurídicos de una resolución.
Asimismo señalaron que las recusaciones (el apartamiento de un juez del proceso) se plantean antes de la finalización de un proceso, no luego del fallo: los propios funcionarios nacionales reconocieron tácitamente la competencia de los magistrados al participar de las reuniones conciliatorias con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Si la Corte Suprema forzara al Gobierno a cumplir con el fallo y girarle los fondos a la administración porteña, desataría otra ola de cuestionamientos contra los jueces
Cómo seguirá el conflicto del Consejo de la Magistratura
La Magistratura está integrada por representantes de los jueces, abogados, académicos y por legisladores nacionales. Según la ley, “los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.
En el Senado, la mayoría era el Frente de Todos, la primera minoría la UCR y la segunda el PRO. Pero como la bancada oficialista se dividió, el kirchnerismo ocupó también el lugar de la segunda minoría. Con esta lógica, el oficialismo pasó a tener tres de los cuatro representantes de la Cámara Alta en la Magistratura y el PRO, que se quedó sin un lugar, presentó su reclamo.
Meses después, justo cuando había que volver a elegir a los miembros del organismo judicial, el máximo tribunal ordenó desplazar del Consejo al senador elegido por Cristina Kirchner, Martín Doñate, y su lugar debía ser ocupado por Luis Juez. Ante ese escenario, el oficialismo convocó a una sesión en la Cámara Alta y aprobó su nombramiento por mayoría en el recinto, pese a que los miembros del Consejo no se eligen por votación.
Finalmente, la Corte Suprema le tomó juramento a los representantes de la Cámara de Diputados en la Magistratura, salvo a los senadores hasta que se resuelva la disputa judicial. Es decir, el máximo tribunal tendrá que resolver una vez más a quién le corresponde ese lugar.
