La Oficina del Presidente anunció esta tarde la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la CSJN hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no pude llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”, dijo el comunicado posteado en la red social X, apenas pasada las cinco de la tarde.
La decisión del presidente Javier Milei de avanzar con la designación por decreto había sido motivo de especulaciones durante toda la mañana en Casa Rosada. En el comunicado, el gobierno criticó al Senado por “rechazar con base en preferencias personales o políticas el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente”.
El escrito recordó que el 20 de marzo de 2024, Milei comunicó su decisión de nominar a García Mansillo y a Lijo, y empezar el proceso administrativo que incluyó el envío de los pliegos al Senado. Además, repasa el sendero seguido en el Congreso de los pliegos de los nominados a la Corte del Presidente.
“Tras cumplirse las audiencias (en la Comisión de Acuerdos del Senado) de Lijo, el 21 de agosto, y de García Mansilla, el 28 de agosto, ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen para que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación”, dijo el gobierno.
Lijo y García-Mansilla pasan a ocupar las vacantes que dejaron el cordobés Juan Carlos Maqueda, en diciembre pasado, y en 2021, Elena Highton de Nolasco. La designación en comisión y por el período de un año legislativo se publicará el 26 de febrero del Boletín Oficial.
La postura del oficialismo en el Senado
El oficialismo avanzó por decreto después de fracasar la semana pasada, un intento por llevar al recinto del Senado, en las sesiones extraordinarias, el pliego de Lijo. El juez había logrado en la Comisión de Acuerdos las nueve firmas respaldatorias, tres de ellas provenientes del peronismo kirchnerista (Sergio Uñac, Lucía Corpacci, Claudia Abdala), lo que en un principio invitó a pensar que había luz verde para Lijo. Sin embargo, gran parte del bloque peronista avisó que no votaría a favor.
El gobierno, ante la imposibilidad de reunir los votos necesarios para alcanzar la mayoría especial de dos tercios, desistió de elevar la nominación de Lijo al Senado. “No tienen el número; si lo mandan (al pliego) es para parrillarlo”, advirtió Mayans. García-Mansilla, por su parte, directamente no había conseguido los nueve avales de la Comisión de Acuerdos.
El peronismo en el Senado, por medio de José Mayans, adelantó en enero que rechazaría la eventual designación por decreto para completar las dos vacantes de la Corte y que recurriría a la vía legal, si fuera necesario.
Ahora bien, el presidente Milei tomó la decisión en la antesala del sábado 1 de marzo, cuando el Congreso iniciará las sesiones ordinarias. Con el parlamento funcionando, el Ejecutivo no puede invocar ninguna excepcionalidad para eludir al Senado, como la única vía constitucional para nombrar jueces.
“No hay ningún estado de necesidad, la CSJN está funcionando a pleno. Solo existiría si la Corte se quedase sin miembros o con uno o con dos durante el receso del Congreso. Milei está destruyendo el sistema democrático abusando de herramientas de excepción”, opinó el doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez.
En el comunicado que anunció la designación de Lijo y García Mansilla, el gobierno sostiene, en cambio, que “la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que espirarán al finalizar la próxima legislatura”.
“Esta facultad presente en el texto constitucional desde su origen en 1853 ha sido ejercida por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por lapropia Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó el gobierno.
De los tres integrantes de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, fueron designados por decreto presidencial de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. La decisión fue resistida y ambos finalmente terminaron asumiendo en la Corte después de que el Senado le diera el acuerdo, como marca la Constitución. El año pasado, en una de las sesiones de la Comisión de Acuerdos del Senado, García-Mansilla expresó su rechazo a ser nombrado por decreto.
Finalmente, sectores de la UCR adelantaron su rechazo a la decisión presidencial. La designación por decreto fue criticada por el diputado radical, Pablo Juliano. “Recién el Presidente nombró en comisión por decreto dos jueces en la Corte Suprema. Es decir, dos de los cinco ministros del máximo tribunal fueron ‘contrabandeados’ por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado nacional. En noviembre, el Presidente decidió que la Argentina no tuviera por segundo año consecutivo Ley de Presupuesto. Esto sucede mientras en Argentina y Estados Unidos se lo investiga por el escándalo $Libra. ¿Con qué cara el sábado hablará ante el Congreso si está claro que no cree en las instituciones republicanas?”, se preguntó Juliano, diputado radical del sector de Facundo Manes-
Otro de los diputados que apuntó contra la medida fue Oscar Agost Carreño, quien advirtió sobre el uso de esta medida para tapar el escándalo cripto por la $Libra. “Estoy seguro de que esta maniobra busca tapar el escándalo que involucra al Presidente en una estafa con criptomonedas, que llegó incluso a la tapa de los diarios del mundo y revistas como Forbes”, sentenció el político.
