Horas después de que el presidente Javier Milei afirmara que había que “tirar” la “ley bases”, La Libertad Avanza avanzó con el dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, donde se incluyó una versión acotada de la reforma laboral y se excluyó el Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización. Fue tras un debate caliente en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
El dictamen mayoritario recibió 61 firmas. El PRO selló su acompañamiento total, mientras que la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal adhirieron con disidencias. Aunque todavía quedan puntos en discusión, el oficialismo llega a la votación mejor posicionado que en la última oportunidad y espera lograr la media sanción en la sesión que convocará para el lunes a las 11.
La Coalición Cívica presentó un dictamen propio que, entre otras cosas, no incluye ninguna delegación de facultades. La socialista Mónica Fein y la bonaerense Margarita Stolbizer también firmaron un despacho alternativo. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda impulsaron sendos dictámenes de rechazo.
Banco Nación, el fuerte del debate
El plato fuerte de este jueves fue la eliminación del Banco Nación de las empresas a ser privatizadas, un reclamo que bajó muy fuerte desde Córdoba. En un “poroteo” hecho en las últimas horas con diputados dialoguistas, el Gobierno tuvo que admitir que no tenía los votos y cedió para no arriesgarse a una derrota en el recinto.
El “blindaje” de la entidad bancaria se había transformado en la principal objeción del gobernador cordobés Martín Llaryora, que cuenta con cinco diputados. Con esta baja, la nómina de privatizaciones pasó de las 41 empresas de la “ley ómnibus” original a solo 11, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina (RTA).
Los puntos de discusión
Por otra parte, el dictamen incorporó finalmente el capítulo de reforma laboral, que este miércoles había estancado las negociaciones. Allí también hubo una poda: de los casi 60 artículos que quería sumar el Poder Ejecutivo, terminó incluyendo solo unos 15 puntos tras un reclamo del jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto.
En la bancada “pichettista”, las firmas en disidencia fueron de los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Brügge y Oscar Agost Carreño, y el bonaerense Nicolás Massot. Una de las objeciones fue para garantizar, vía Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la recomposición de los haberes previsionales en un 8%, el pago de sentencias firmes a jubilados y el flujo automático a las cajas previsionales no transferidas y armonizadas. El apartado referido a la venta de acciones del FGS fue eliminado en el dictamen.
Otra disidencia de Hacemos Coalición Federal fue para agregar al Instituto del Teatro, el Instituto de la Música y el INTI al listado de organismos que el Ejecutivo no podrá disolver.
Asimismo, tanto el bloque de Pichetto como la UCR e Innovación Federal pidieron incorporar el capítulo tabacalero, para igualar la carga impositiva de las empresas del sector e impedir la “competencia desleal” de una de ellas, Tabacalera Sarandí. “Las reglas claras deben ser para todos. El poder político está para equilibrar, no para ceder ante un lobby puntual”, sostuvo el radicalismo.
El debate, que fue conducido por el oficialista Santiago Santurio, fue picante y no faltaron los gritos ni las acusaciones cruzadas. De entrada, Christian Castillo, del Frente de Izquierda, pidió, sin éxito, ir a un cuarto intermedio hasta que se conociera el texto que el Gobierno negoció con los otros bloques de la oposición kirchnerista. “No sabemos qué texto hay para debatir. Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal”, denunció.
En otro momento álgido del plenario, Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, reveló que “en las próximas horas” pedirán una sesión especial para tratar el DNU de Milei, que ya fue rechazado en el Senado. La noticia cayó como una bomba en el medio del debate.
“Si dan quórum a esta atrocidad, den quórum al rechazo del DNU 70/23. No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la Ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos”, exclamó.
La reforma laboral
En la reforma final no figura la eliminación de las cuotas solidarias a sindicatos, que significaba un golpe a su recaudación. El radicalismo insiste con incluir el tema y lo planteó como una disidencia. “Los trabajadores deben ser los verdaderos destinatarios de la protección sindical en vez de ser fuentes de recurso y financiamiento”, planteó la UCR en el documento presentado en las comisiones.
Entre los puntos que sí quedaron, se eliminan definitivamente las multas por trabajo no registrado con el fin de alentar la contratación en relación de dependencia. El período de prueba tendrá seis meses de vigencia, pero las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar ese período hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.
Por otra parte, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el régimen indemnizatorio tradicional por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización.
En otro orden, el trabajador independiente podrá contar con hasta cinco “colaboradores” para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras.
Por otra parte, la participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser tomada como causal de despido. Además, se establecen penas de entre seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”.
