El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, lamentó este viernes la bronca de los pasajeros por la medida de fuerza que inició su gremio y que paralizó el transporte de colectivos en varias provincias del país pero apeló a la comprensión.
“Yo entiendo a los pasajeros, lo que pasa es que ellos nos tienen que entender a nosotros. No estamos haciendo un paro, estamos haciendo retención de tareas. Queremos cobrar el sueldo que hemos acordado y lamentablemente los empresarios nos tienen como rehenes”, dijo Fernández en declaraciones a TN.
El referente de UTA así se manifestó ante las crecientes quejas de los usuarios del transporte público que además se vieron perjudicados este viernes por un sorpresivo paro en la línea del Ferrocarril Sarmiento.
“Nosotros no queremos estar haciendo ninguna medida. Nosotros no hacemos política, defendemos a los trabajadores. Y acá hay un grupo de empresarios, como mercenarios, que nos está haciendo la vida imposible. Nosotros estamos dispuestos a conversar, queremos cobrar el sueldo que nos corresponde”, insistó Fernández.
Seguido, se mostró dispuesto a acercar posiciones para resolver el conflicto. “Que vengan los representantes de las cámaras. Acá hay un dinero que hay que aportarlo, que nos dicen que no llegó y a nosotros nos dicen que sí llegó”, dijo, luego de señalar que mantiene contacto directo con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.
“El ministro va a llamar a las cámaras”, dijo. Al respecto, ayer varias cámaras del sector difundieron un comunicado para alertar que “no pueden pagar el aumento salarial que reclama el gremio”.
“Las cámaras de transporte automotor del AMBA informan que, las escalas salariales dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Transporte de la Nación, no están homologadas y son ilegítimas. La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una Resolución conjunta del Ministerio de Transporte de la Nación y del Ministerio de Trabajo de la Nación que no tiene validez jurídica, dado que impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, plantearon.
Y remarcaron que “al margen de las cuestiones legales, la economía de nuestras empresas está estrictamente regulada por el estado, con ingresos totalmente trazables; se integran actualmente el 12% con lo que paga el pasajero y el 88 % con las compensaciones tarifarias”.
“El Ministerio de Transporte de la Nación calcula y dispone el pago de los fondos de dichas compensaciones, las que con excepción de los costos salariales, están calculados a precios de diciembre de 2022. Con la evolución de los precios de la economía del país y además atrasos en los pagos por parte del estado, las empresas están subsistiendo en primer término con una fuerte descapitalización y luego con endeudamiento, que llegó al límite de sus posibilidades. Entendemos y compartimos los entendibles reclamos de los trabajadores, pero sin el cumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio de Transporte Nacional y a través de un acuerdo legal, resulta imposible para las empresas asumir este aumento salarial”, completaron.
