La empresa de seguridad privada Securitas asfirmó ante la la Justicia que pagaron coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para poder seguir brindando el servicio o para que le “gestionen” los pagos.
El caso está a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez que fueron quienes ordenaron el allanamiento de las empresas estatales en Paraná y los domicilios de los Hermanos Marcelo y Claudio Tórtul.
Lo que ya es un escándalo de corrupción comenzó con una autodenuncia. La empresa de seguridad privada Securitas admitió en la Justicia haber pagado coimas millonarias a funcionarios entre 2014 y 2018 para hacerse con contratos de servicios de vigilancia en distintos organismos públicos nacionales, empresas estatales y hasta dependencias del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Tucumán y CABA.
La confesión quedó detallada en un expediente que lleva la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y que derivó en nueve detenidos y más de 50 allanamientos en todo el país.
Securitas Argentinas afirma que un grupo de ex directivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”.
Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia.
Bajo un programa “interno de integridad” la empresa investigó en base a la denuncia de una ex empleada.
“La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, dijeron fuentes judiciales.
Haimovich: aclaran que no están siendo investigados
Una de las empresas a las que se le solicitó información fue Hamovich y en este caso Ramiro Reiss dijo a Informe Digital que la concesionaria de autos que comercializa Toyota y Volswagen no está vinculada a las causas denunciadas y que la justicia solo le pidió documentación de vehículos que fueron vendidos a empresa de seguridad investigada.
“No nos allanaron ningún vehículo, no nos están investigando, solamente nos solicitaron una factura de compra de una unidad que compró una sociedad y se la dimos sin inconveniente”, dijo Reiss.
