Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede del gremio AGDU, ubicada en calle Perón 381 de Paraná, a las 11:00 a.m., Sofía Cáceres Sforza, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), destacó que el sector ha perdido entre el 60% y el 70% de su poder adquisitivo. Expresó que “sin salarios dignos no hay universidad pública”, enfatizando la gravedad de la situación actual.
Héctor Leonardo Coronel, Secretario General de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner), también criticó al gobierno nacional por la eliminación de la paritaria y el impacto negativo en los salarios de los trabajadores. Además, subrayó que la gestión del presidente Milei ha sido una “estafa electoral” para los jóvenes votantes, argumentando que la educación pública no debe ser desfinanciada.
Nadia Ahumada, delegada de AGDU, resaltó que la lucha no se limita a lo salarial, sino que también abarca las condiciones laborales y la defensa de la universidad pública. Anunció que el miércoles se llevará a cabo una volanteada para visibilizar las problemáticas del sector.
Germán Andrés Orsini, Secretario General de AGDU, mencionó que la situación actual es un ataque a instituciones como el Conicet y a los sistemas de becas, lo que podría llevar a una reducción significativa de la educación pública. Confirmó que el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios ha alcanzado niveles críticos, similares a los de hace más de dos décadas.
Pasando en limpio: las demandas
Los docentes y no docentes exigen un aumento que compense la pérdida de poder adquisitivo, que según ellos es similar al nivel de 2002. Se busca revertir el desfinanciamiento, proteger y fortalecer a las universidades públicas para garantizar su funcionamiento y calidad educativa. Esto incluye la regularización de contratos, estabilidad laboral y respeto a los derechos de los trabajadores.
Es importante destacar que estas demandas se presentan en el contexto de una situación crítica en el ámbito universitario y reflejan la preocupación por la educación superior en la provincia.
Cómo afecta a los estudiantes
Los estudiantes también se han unido a la causa, como lo expresó Nahuel Ripari, vicepresidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, quien instó a apoyar la lucha docente, señalando que la falta de financiamiento afecta directamente a los estudiantes y su acceso a la educación.
El paro universitario puede afectar a los estudiantes de varias maneras.
Durante el paro, las clases se suspenden, lo que puede retrasar el avance académico y afectar la continuidad de los contenidos.
Los estudiantes pueden enfrentar dificultades para acceder a bibliotecas, laboratorios, tutorías y otros servicios universitarios.
La duración del paro puede generar incertidumbre sobre las fechas de exámenes, entregas de trabajos y otras actividades académicas.
La situación de conflicto puede generar estrés y preocupación en los estudiantes, especialmente si se prolonga.
Es importante que los estudiantes se mantengan informados sobre las novedades y busquen alternativas para continuar su formación durante este período de paro.
Cuál es la postura del gobierno provincial
La postura del Gobierno de Entre Ríos es que respeta el derecho a huelga, pero también considera importante recuperar los días perdidos debido al paro. Según la Ministra de Gobierno, Gabriela Lena, el paro no afecta al gobierno, sino a los estudiantes que pierden días de clase. Además, se adelantó que en la primera quincena de septiembre habrá una nueva marcha federal universitaria.
En este contexto, los representantes de los trabajadores universitarios han denunciado que la situación actual es un ataque al Conicet, al sistema de becas y que lleva a la universidad a una mínima expresión. La defensa de la universidad pública y las condiciones laborales de los trabajadores también fueron temas destacados en la conferencia de prensa.
Este paro refleja un descontento generalizado con las políticas del gobierno actual y una demanda urgente de mejoras en las condiciones laborales y salariales en el ámbito universitario.