El gobierno de Entre Ríos declaró la emergencia ambiental en la provincia a causa de los incendios en el Delta entrerriano. Según el decreto 1.096, la emergencia ambiental ratifica la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de quemas en la zona, que la Secretaría de Ambiente ya había dispuesto meses atrás mediante la prohibición de este tipo de práctica.
La emisión del humo producto de los incendios, que afecta a ciudades entrerrianas y santafesinas y la elevada degradación ambiental de la zona de humedales llevaron al gobierno provincial a tomar esta medida tendiente a mitigar y prevenir la propagación de los efectos perjudiciales al ambiente provocados por el fuego.
El decreto menciona a su vez que todas las cuencas hídricas que atraviesan el territorio provincial están atravesando una situación extraordinaria a causa de la disminución del caudal de los ríos y sus afluentes que responde a un fenómeno climático de origen natural inducido por un déficit histórico de precipitaciones en la región.
La medida alcanza a la zona del Delta entrerriano comprendido por los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.
Aspecto legal
La declaración de la emergencia ambiental se sustenta en el derecho de todo habitante a un ambiente sano, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional; y el principio de prevención que manda a atender de forma prioritaria e integral a los fines de prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir, según consta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.
Además, en los considerandos del decreto se menciona el artículo 22 de la Constitución provincial que dispone el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; y el artículo 83 mediante el cual se garantiza la aplicación del principio de prevención, sustentabilidad y se le otorga el poder de policía en materia ambiental al Estado provincial, a los municipios y a las comunas, de modo recurrente.
Y también se hace mención a la Ley Nº 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego en Áreas Rurales y Forestales, que prohíbe el uso del fuego en dicho ámbito y declara de interés público las medidas para prevenir y combatir los incendios rurales y forestales.
