Los jueces Alejandro Cánepa, Rafael Cotorruelo y Gustavo Pimentel integrarán el Tribunal en el juicio oral contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en la causa conocida como "sueño entrerriano" que investiga el desvío de 47 millones de pesos para promocionar su campaña presidencial en 2015.
Si bien eran tres las causas, los fiscales Cecilia Goyeneche, Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano unificaron los expedientes ya que todos se basan en la "utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial" de Urribarri en 2015.
Los fiscales pidieron nueve años de prisión para Urribarri por "negociaciones incompatibles con la función pública", "direccionamiento de publicidad oficial" y "peculado", y ocho para el exministro de Cultura provincial y diputado entrerriano, Pedro Báez.
Si bien se designaron los jueces, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) aún no fijó la fecha de inicio del debate oral. En la causa también están implicados los excoordinadores de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, Gustavo Javier Tórtul y Hugo Félix Céspedes, y el ex ministro de Turismo provincial, Hugo Marsó.
El cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; la contadora de las empresas implicadas, Corina Cargniel, y el ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Caruso, también figuran en la causa.
Para Tórtul, Marsó, Céspedes y Caruso solicitaron cuatro años de prisión y seis para Cargniel, mientras que para Aguilera pidieron una pena de ocho años de prisión. Para todos los implicados solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
Según la investigación, se desviaron 4.308.500 de pesos destinados a la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales contra los fondos buitre; y 14.561.870 de pesos para instalar un parador playero en Mar del Plata.
Según la investigación judicial, se utilizaron cerca de 28 millones de pesos para contratar a la productora "Nelly Entertainment" de Jorge "Corcho" Rodríguez, para difundir spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014.
A mediados de 2017, Rodríguez acordó con la fiscalía la suspensión del juicio a prueba por un año, el pago de 150.000 pesos al Estado y realizar "campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos".
