El pasado 26 de julio, una familia se llevó un susto cerca de la medianoche cuando chocaron contra un jabalí en el Camino a las Altas Cumbres, el hecho se produjo en cercanía a el paraje El Cóndor.
La departamental San Alberto, informo que personal del destacamento de la Posta, recibieron una llamada al 911 de la familia que quedó varada a la altura del kilómetro 52. El padre de 39 años, su esposa y sus hijos viajaban de Mina Clavero a Córdoba en un automóvil Peugeot 308.
La familia resultó ilesa, sin embargo, el vehículo sufrió graves daños materiales y el animal murió. Sonia Yamila Olmos (36), empleada en un call center, y Juan Martín Conte (39), trabajador de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y sus dos pequeños hijos (de tres y seis años) realizaran una demanda al estado por 900 mil pesos.
El conductor relató que tras el impacto contra el animal (murió en el instante) el auto disparó los airbags. Conte frenó y el auto viró, quedando en la mano contraria. El sistema eléctrico se apagó y quedaron en medio de la oscuridad. Retiraron a sus hijos hacia la banquina (dijeron que el de seis años tuvo un shock), mientras realizaban señas a los vehículos que venían circulando para evitar otro incidente.
Por este hecho la familia afectada demandará civilmente al Estado Provincial, ya que el lugar donde ocurrió el hecho es la ruta provincial 34. “El protagonista, el factor riesgoso, es un animal silvestre: el jabalí. Es una de las 100 especies exóticas más peligrosas y que se ha convertido en una plaga en Córdoba”, dijo a La Voz el abogado de la familia, Carlos Nayi.
El letrado consideró que al ser “propietario” de la ruta, el Estado provincial tiene “un deber de cuidado, de seguridad, independientemente de una concesionaria de servicio si la hubiere”.
“¿Por qué la responsabilidad? No existe señalización alguna ni medida de seguridad que le haya permitido a este matrimonio o cualquier otro advertir la presencia de estos animales que crean riesgos, animales salvajes: fotografías, anuncios, nada de eso”, agregó.
El letrado consideró que el Estado debe responder por “los actos y omisiones es una responsabilidad directa, indelegable e intransferible”. En ese sentido, dijo que, desde su óptica, hubo una “ausencia de servicio” del Estado por supuestamente no haber “cumplido de una manera regular con sus deberes y obligaciones”
“Hay una omisión de cuidado, una omisión antijurídica”, indicó y agregó que “todo indica que no es el primer accidente (de ese tipo). Ya ha habido tres anteriores”.
La familia reclamará 900 mil pesos en concepto de daño moral, además de la reparación civil por el monto que resulte de no poder usar el auto para concurrir a sus trabajos, teniendo que alquilar otro.
