Primero se rechazaron los beneficios de excarcelación o prisión domiciliaria de dos de los cinco detenidos que tiene el expediente; y, este martes, el juez Marcelo Garnica amplió el procesamiento porque las pruebas son contundentes en esta etapa del proceso y trabó un embargo de 50 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los detenidos.
Luego del hallazgo del cadáver enterrado del ex despachante de aduanas en un descampado de Costa de Araujo, en Lavalle, el 11 de septiembre, el fiscal de instrucción Fernando Alcaraz, agravó la situación de Diego Barrera, su mujer, Bibiana Sacolle; los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi, y Washington Yamil Rosales, el llamado quinto sospechoso del caso.
Hace un par de semanas, el representante del Ministerio Público solicitó que se ampliara el procesamiento con prisión preventiva contra Barrera y su familia al entender que las pruebas incorporadas en el sumario en esta etapa del proceso son suficientes para que continúen tras las rejas.
Y el juez Garnica finalmente dio a conocer la resolución este martes por la mañana. Coincidió con el fiscal Alcaraz y procesó a Rosales y lo amplió con respecto a Barrera y los otros imputados.
Para el juez se encuentra acreditado que Diego Aliaga sufrió un secuestro coactivo de parte de los sospechosos y que estos hicieron un apoderamiento ilegítimo de documentación de automotores que poseía la víctima, señaló el magistrado en su escrito. Agregó que también se quedaron con su celular iPhone, un reloj Movado o Tag Heuer Carrera y de su documentación personal.
