El régimen tarifario que rige en la Provincia sólo incluye un esquema de subsidios para los clientes carenciados o jubilados. Tras la audiencia pública en la que Aysam solicitó un incremento de la tarifa del 50% para 2021, el servicio de agua de Mendoza pretende incorporar más beneficiarios a su propia “tarifa social”, al igual que ya tienen el gas y la electricidad.
Durante la audiencia en donde la empresa expuso el pedido de actualización de la tarifa del servicio, el gerente general de Aysam, Darío Hernández anticipó que “aunque se aplica a una factura promedio de $600 mensuales, puede resultar oneroso un incremento del 50%. Quizá muchos no puedan pagarla, por eso apuntamos al régimen de tarifa social”.
Cabe destacar que de los 420 mil usuarios mendocinos, actualmente apenas el 0,1% están en la categoría de “carenciados”, esto es, aquellos que por su situación económica se ven imposibilitados de pagar la tarifa plena y por eso reciben un subsidio del 100%. En una situación similar se encuentran unos 8 mil jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, y pagan sólo el 25% de la tarifa o, lo que es lo mismo, se les subvenciona el 75% del importe final en la factura.
Opciones “intermedias”
Al respecto, el propósito de la cúpula de Aysam es extender el régimen para que más clientes, siempre que acrediten su capacidad de pago, puedan acceder. Una forma de “engrosar” el colchón y así amortiguar el impacto del ajuste tarifario: cabe recordar que en el tramo final de este año ya se aplica un 20% remanente del aumento anterior (aplicado entre enero y marzo) que quedó trunco con el congelamiento tarifario dispuesto por la crisis económica del Covid-19.
Sin abundar en detalles, el presidente de Aysam, Alejandro Gallego, explicó a Sitio Andino que el criterio es “similar al del sector eléctrico, en el cual lo que no paga el cliente beneficiado lo aporta el Estado. En este caso (más allá del 75% o 100%) se puede avanzar en opciones intermedias con los municipios, que son los que deben iniciar el trámite habilitante: luego la Provincia tiene que analizarlo y autorizar”.
¿Cuáles serían esas opciones? Si bien el análisis también le de cabida al Ministerio de Desarrollo Social, responsable de filtrar a los hogares de acuerdo a sus ingresos, en tal sentido, Gallego evitó precisiones. “No nos corresponde determinarlas. Lo que hacemos es plantear a la Provincia lo que la empresa necesita para funcionar. Obviamente esto es un proceso, el Epas nos escucha y eleva la información al Poder Ejecutivo, que finalmente tomará la decisión”. Fuente Sitio Andino
