El superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y la secretaria de Gestión Institucional del organismo, Marcela Andino, se reunieron hoy con Alejandro Gullé, Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, para solicitarle que los fiscales colaboren más ante los casos de robo de agua y las personas que se bañan en lugares prohibidos.
"En esta época del año, y especialmente los días cercanos a las Fiestas, es cuando muchos hacen taponamientos y obstruyen cauces de agua, para robarla o bañarse. Además de las personas que se bañan directamente en canales, diques, represas, tomas y obras hidráulicas que no están autorizadas para ello. Desde Irrigación avisamos a policías y fiscales, y no siempre nos ayudan", sostuvo Marinelli.
"Me comprometo a hablar con los fiscales", afirmó Gullé, ni bien Marinelli le explicó la situación, que se ha agravado sobre todo en las regiones del Este y el Sur de la Provincia.
Previamente, Marinelli trató el tema con el ministro de Seguridad, Gianni Venier, a quien le solicitó que le recuerde a los jefes policiales "la obligatoriedad que tiene la policía de prestarle apoyo a las autoridades de agua".
En ese sentido, Gullé mencionó que "la Policía tiene facultades absolutas para sacar a cualquier persona del lugar. Se estaría tratando de casos de robo de agua y usurpación, y ambos son delitos".
El Departamento General de Irrigación tiene poder de "policía" conferido por la carta magna provincial suscripto en Ley General de Aguas, estableciendo que "La Policía de las aguas y sus cauces naturales o artificiales y zonas de servidumbres, la vigilancia para que las aguas no puedan afectar a la salubridad pública ni a la seguridad de personas y bienes, estará a cargo de las autoridades creadas por esta ley".
En ese sentido, la norma establece que "Las autoridades civiles, municipales o policiales están obligadas a prestar a las de aguas, el más eficaz auxilio para hacer cumplir sus mandatos".
El pedido hacia las autoridades del Ministerio Público Fiscal y de la Policía apunta a que en la ley se establece la obligación expresa "de las autoridades policiales de prestar a las de aguas el más eficaz auxilio para hacer cumplir sus mandatos".
