El hecho irregular saltó por la denuncia anónima de un quinielero en octubre de 2016, pero fue formalizada el pasado 15 de febrero por la Unión Personal de Juegos y Casinos Mendoza, que le pidió averiguar al fiscal Fernando Simón.
Según la denuncia, luego de que se realiza el sorteo y se establece la cantidad de apuestas premiadas, por el sistema se ingresa en la cuenta de cada agente oficial el monto de premios y se individualiza cada apuesta premiada. Así, los tickets ganadores sólo pueden ser cobrados en esa agencia oficial donde se realizó.
Estas boletas cuentan con dos series de números que sirven para identificar cada apuesta, a modo de control. Es el ID. Ticket. El primero de estos números –de 8 dígitos- figura en los listados que emite el sistema para identificar las boletas premiadas. La otra cifra –de 16 dígitos- sólo figuran en la boleta que se entrega al apostador. Esto asegura que el premio sólo puede ser descargado del sistema teniendo a la vista la boleta premiada.
Una vez realizado el pago de premios y descargado del sistema, el agente oficial de quiniela debe remitir la boleta al IPJC en un plazo de 24 horas de realizada la descarga, para que la boleta premiada y pagada quede en el organismo de juegos como documentación oficial y comprobante del pago.
Si el apostador no fue a cobrar su premio en los 15 días corridos, esa apuesta ganadora pasa a formar parte del fondo de los premios prescriptos, a través del débito que realiza el IPJC a la cuenta del quinielero para reintegrarlo a las arcas estatales.
Dado que el sistema de apuestas es innominado, los premios se otorgan al portador del ticket ganador.
La denuncia verbal del agenciero apuntaba que el sistema había quedado “abierto”: se podía cobrar sin contar con el ticket original. En otras palabras, que se podían descargar del sistema los premios pero sin la obligación de ingresar la segunda serie numérica de seguridad que posee la boleta del ganador.
El cobro se realizaba el día del vencimiento y se descargaban aquellos boletos premiados que no habían sido cobrados, ingresando sólo la primera serie numérica. Por esto, la sospecha es que tampoco se habrían remitido los comprobantes originales al IPJC.
Se trata de montos pequeños, según confirmaron en el organismo que preside Josefina Canale. Por eso los definen como “robo hormiga”.
Para entender la magnitud, sólo en premios prescriptos se logra juntar pozos que en algunos casos superarían el millón de pesos.
