La idea se presentó en el 2012. En el proyecto se establece remplazar por una multa, en lugar de detención, a aquellos que viajen en transporte público "con el propósito de no pagar o sabiendo que no podrá hacerlo".
La sanción será "una multa equivalente a veinte veces el valor del servicio no abonado", pero esa cifra podría actualizarse. La idea es buscar una sanción acorde al delito, es decir, que sea económica y no aplicando la pena máxima del delito en Argentina: la privación de la libertad.
El argumento central del cambio es "el criterio irregular en el que se van aplicando las sanciones en el Código de Faltas, porque se fue poniendo parche sobre parches", según Gustavo Arenas, creador del proyecto, en declaraciones a Diario El Sol.
Todos coinciden en que el castigo es excesivo. El problema era que todos los proyectos para reformas en este código estaban frenadas.
