Tras los cruces y la polémica que se generó entre la Fiscalía de Estado y el Gobierno por la publicación de las declaraciones juradas, ahora el organismo de control publicó un comunicado donde detalla que todavía hay 221 funcionarios, de la gestión actual y la anterior, que no presentaron la declaración de patrimonio o bien lo hicieron de forma incompleta. El plazo de presentación vencía el 31 de julio.
De esos incumplidores, 198 están en proceso de notificación por el organismo de control para regularizar la presentación de su DDJJ y realizar el descargo correspondiente, mientras que los 23 restantes pasaron a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Ahora, en su sitio web, el organismo que conduce Simón recordó los alcances de la Resolución N° 62 donde rigen las condiciones para los que están obligados a presentar las declaraciones juradas.
La resolución pone como plazo de vencimiento el 31 de julio de 2017 y aclara que están obligados a presentarla “aquellos sujetos que estén o no inscriptos en el régimen de impuestos a los bienes personales y ganancias y cuyos patrimonios hayan experimentado modificaciones al 31 de diciembre de 2016”.
